La Firma
Equipo
Áreas de práctica
Artículos
Contacto
Últimas Notícias

  Nota Legal * CIF.B64874365
Producido por Anunzia
 

Artículos - Información de interés.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN, OMISIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA EN LA JURISPRUDENCIA
I. Concepto de Seguridad Ciudadana. II. La Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. III. Omisión y Responsabilidad Patrimonial de la Administración . IV. Criterios jurisprudenciales en la materia. V. Bibliografía

Concepto de Seguridad Ciudadana El concepto de orden público sinónimo de garantía y límite de la libertad emanado del artículo 9 de la Declaración de los Derechos del hombre y del Ciudadano de 1789, en relación con el artículo 4 del mismo texto, evolucionará hacia el de seguridad ciudadana mucho más amplio, y que incorpora los valores del Estado social y democrático de Derecho. Como bien señala Brotat i Jubert, en general, en Europa no se ha producido un cambio de denominación, sino de contenido del concepto. En efecto, hoy por hoy en la Europa continental, la expresión orden público (ordre public, public order u ordine pubblico) sigue utilizándose como garantía de la seguridad pública, lo que ha cambiado es el contenido del concepto que paulatinamente ha ido pasando desde el forzar a los ciudadanos a la obediencia de la norma, lo más primario, a la garantía de la calidad de vida de los mismos. Por su parte, la Constitución Española de 1978 (en adelante CE), al hablar de la función de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en su artículo 104, introduce el concepto de Seguridad Ciudadana en sustitución del tradicional de Orden Público (aunque de hecho, la expresión orden público tiene una presencia residual en texto constitucional en sus artículos 10, 16 y 21), lo que supone un cambio trascendental que afecta no sólo al concepto de protección del ejercicio de los derechos y libertades, y al funcionamiento de las Instituciones Públicas y Privadas, sino, igualmente, de forma sustancial al de las instituciones encargadas de hacer cumplir la Ley, porque desde dicha concepción el elemento personal, la ciudadanía, es inherente a la seguridad Ciudadana, pasando a primer plano en dos sentidos: a) como objetivo de preferente atención de los poderes públicos; b) como protagonista fundamental en la construcción de su propia seguridad. Resulta difícil definir claramente los conceptos de seguridad pública, seguridad ciudadana y orden público, además, las definiciones que ha dado el Tribunal Constitucional no ayudan mucho a fijarlas. El concepto tradicional de seguridad es el que lo asociaba con la represión del delito y el mantenimiento del orden, se trataba, pues, de un concepto de seguridad situada en el entorno del control de la criminalidad y eminentemente reactiva. La evolución natural hizo que se sopesara la seguridad de la represión a la prevención, intentando actuar, también, sobre las causas y no solamente sobre los síntomas. Siguiendo a Brocat i Jubert, para adoptar un concepto de seguridad, hace falta examinar las declaraciones internacionales en la materia en los últimos años (Proyecto de Manual del Congreso de los poderes locales y regionales de Europa, organizado por el Consejo de Europa, los días 29 a 31 de mayo del 2001, en sus puntos 3.b y 3.c ; Manifiesto y las Resoluciones de los temas abordados por las ciudades europeas sobre Prevención y Seguridad en la conferencia de Nápoles los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2000; ´´Seminario de reflexión científica sobre el Delito y la Seguridad de los habitantes´´, realizada en Costa Rica los días 9 a 13 de octubre de 1995; Conferencia sobre la Prevención de la Inseguridad Urbana del Consejo de Europa realizada en Barcelona del 17 al 20 de noviembre de 1987; entre otras ). Del análisis de todas ellas el autor llega a las siguientes conclusiones: Que la seguridad es un problema complejo, al que no se le pueden dar respuestas únicamente policiales. Que, consecuentemente, la seguridad es un fenómeno transversal, puesto que en su generación (o en la carencia de la misma) pueden intervenir diferentes políticas públicas de diferentes disciplinas y administraciones Que, para el ciudadano, la inseguridad es, fundamentalmente, una cuestión de percepción subjetiva (lo que se denomina sensación térmica de seguridad). Y, que esta percepción depende en poca medida del gran delito, que por contra, afecta a la sensación de seguridad el delito ordinario y los actos incívicos (p. ej.: los ruidos, la falta de horarios de los establecimientos públicos, etc.), que son los que el ciudadano vive más de cerca . Que, finalmente, si el concepto de seguridad depende de la percepción subjetiva del vecino, lo que hace falta hacer es ver cuáles son las causas de esta inseguridad con el fin de actuar sobre ellas. La definición, conjuntamente con los ciudadanos, de una agenda de seguridad local, a través de un foro asesor de seguridad ciudadana, y la posterior medición de los resultados, es una herramienta potente, en la línea de la moderna gestión pública, respecto de la cual, las políticas de seguridad, por lo general, y la policía, en particular, no tienen que ser una excepción a su aplicación. La Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana Como ya apuntábamos, la Constitución Española de 1978, establece una atribución genérica de competencia al Estado en materia de seguridad pública (artículo 149.1.29ª) y, específicamente, atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, la tarea de proteger el libre ejercicio de los Derechos y Libertades y de garantizar la seguridad ciudadana (artículo 104.1), afectando en su regulación al ejercicio de algunos derechos fundamentales, como el derecho a la libertad, a la libre circulación por el territorio nacional y a entrar y salir libremente de España o al derecho de reunión. Desde la promulgación de la Constitución y hasta la promulgación de la LOSC, en un proceso ininterrumpido, las Cortes Generales trataron de mantener un positivo equilibrio entre libertad y seguridad, habilitando a las autoridades correspondientes para el cumplimiento de sus deberes constitucionales en materia de seguridad, mediante la aprobación de Leyes Orgánicas generales como la de 1 de junio de 1981, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio; la de 1 de julio de 1985, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, o la de 13 de marzo de 1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Asimismo, se han aprobado leyes especiales, como la de 15 de julio de 1983, Reguladora del Derecho de Reunión la de 21 de enero de 1985, sobre Protección Civil, o la de 25 de julio de 1989, de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial; incluyéndose, asimismo, medidas de prevención de la violencia en los espectáculos deportivos mediante la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, que dedica a la materia su Título IX. Para completar, sin embargo, las facultades o potestades de las autoridades actualizadas y adecuadas a la Constitución, y con la finalidad de proteger la seguridad ciudadana, consideró necesario el Legislador establecer el ámbito de responsabilidad de las autoridades administrativas en materias como la fabricación, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos; concentraciones públicas en espectáculos; documentación personal de nacionales y extranjeros en España; así como regular ciertas actividades de especial interés y responsabilidad para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La consideración de fenómenos colectivos que implican la aparición de amenazas, coacciones o acciones violentas, con graves repercusiones en el funcionamiento de los servicios públicos y en la vida ciudadana determina, a su vez, la necesidad de un tratamiento adecuado a la naturaleza de dichos fenómenos y adaptado a las exigencias constitucionales. Con todo ello, venía a completarse, la derogación formal de la Ley de Orden Público, tan emblemática del régimen político anterior y que ha caído prácticamente en desuso, con independencia de que en varios aspectos de su articulado haya sido expresamente derogada. En el Capítulo II de LOSC, se regulan las actividades relacionadas con armas y explosivos, habilitando la intervención del Estado en todo el proceso de producción y venta, así como en la tenencia y uso de los mismos, reconociendo el alcance restrictivo de las autorizaciones administrativas para ello, regulando la prohibición de ciertas armas, municiones y explosivos especialmente peligrosos y considerando como sector con regulación específica en materia de establecimiento la fabricación, comercio o distribución de armas o explosivos. Se disponen, asimismo, las finalidades a que tenderán las medidas de policía que deberá dictar el Gobierno en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, dejando a salvo las competencias que, en este punto, tienen reconocidas las Comunidades Autónomas mediante sus correspondientes Estatutos. Se establece, también, el derecho y el deber de obtener el Documento Nacional de Identidad a partir de los catorce años, que tendrá por sí solo suficiente valor para acreditar la identidad de los ciudadanos, garantizando en todo caso el respeto al derecho a la intimidad de la persona, sin que los datos que en el mismo figuren puedan ser relativos a raza, religión, opinión, ideología, afiliación política o sindical, o creencias. Se regula la expedición del pasaporte o documento que lo sustituya, y se establece, por otra parte, el deber de identificación de los extranjeros que se hallen en España, sin que puedan ser privados de esta documentación, salvo en los mismos supuestos previstos para el Documento Nacional de Identidad. Finalmente, se habilita al Gobierno para llevar a cabo la regulación de ciertas actuaciones de registro documental e información de actividades cada vez de mayor relevancia para la seguridad ciudadana, entre las que se comprende la circulación de embarcaciones de alta velocidad, así como el deber de determinadas entidades o establecimientos, que generen riesgos directos para terceros o sean especialmente vulnerables, de adoptar las medidas de seguridad que fueren precisas. En el Capítulo III se habilita para realizar actuaciones dirigidas al mantenimiento y al restablecimiento de la seguridad ciudadana, particularmente en supuestos de desórdenes colectivos o de inseguridad pública graves. Quedan, así, facultadas las autoridades para el cierre de locales o establecimientos y para la evacuación de inmuebles en situaciones de emergencia o en circunstancias que lo hagan imprescindible, así como para la suspensión de los espectáculos, desalojo de locales y cierre provisional de establecimientos cuando en los mismos tuvieran lugar graves alteraciones del orden. Se prevé la limitación o restricción de la circulación o permanencia en vías o lugares públicos en supuestos de alteración del orden o la seguridad ciudadana. Se posibilita el establecimiento de controles en las vías, lugares o establecimientos públicos, con el fin de descubrir y detener a los partícipes en un hecho delictivo y de aprehender los instrumentos, efectos o pruebas del mismo. Se regulan las condiciones en que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siempre que ello fuese necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad que les corresponden, podrán requerir la identificación de las personas. Si no pudieran identificarse por cualquier medio, podrán ser instadas a acudir a una dependencia policial próxima a los solos efectos de la identificación. Se regulan, asimismo, las condiciones y términos en que, conforme a lo permitido por la Constitución y las leyes, podrá prescindirse del mandamiento judicial para penetrar en domicilios, en lo que se refiere a las tareas de persecución de fenómenos delictivos tan preocupantes para la seguridad de los ciudadanos como son los relacionados con el narcotráfico. Por último, la LOSC, en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional, en las disposiciones finales primera y segunda, así como en los artículos 2 y concordantes, es claramente respetuosa con el sistema competencial que se desprende de la Constitución, tal como es definido por los artículos 104 y 149.1.29ª, por la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y por los Estatutos de Autonomía de las Comunidades con competencias en esta materia. Asimismo, las autoridades locales seguirán ejerciendo las facultades que les corresponden, de acuerdo con la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la legislación de Régimen Local, espectáculos públicos y actividades clasificadas. {mospagebreak title=Funcionamiento anormal del servicio público} Funcionamiento anormal del servicio público, omisión y Responsabilidad Patrimonial de la Administración en materia de seguridad ciudadana A la luz del 106.2CE, establece el 139 LRJ-PAC que ´´los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos´´. El funcionamiento anormal de un servicio público es siempre un funcionamiento ilegal. Pero no siempre el contenido de un servicio viene especificado en una norma jurídica; en ocasiones es preciso acudir a otros parámetros. Para que un daño sea imputable a la Administración por este título, ha de haber siempre un incumplimiento de una regla de derecho por parte de la Administración, sea por acción o por omisión, o una observancia de las reglas técnicas aplicables a una actividad material. Sin embargo, los problemas jurídicos que se plantean son muy diferentes según estemos ante una acción ilícita, o ante una omisión. En este último caso, la existencia de funcionamiento anormal se dará cuando se haya infringido el nivel mínimo a que está obligada la Administración en la prestación del servicio. En la materia que a nosotros nos ocupa, la omisión consistirá en no haber impedido una actividad ilegal de un particular que haya producido con ella daños a otro. Atribuida normativamente a la Administración la prestación de un servicio público, ésta -ya que la competencia es irrenunciable- tiene la obligación de prestarlo y de hacerlo conforme a un nivel mínimo. Para que la simple inactividad sea omisión y, por tanto, jurídicamente a la acción generadora de daño, han de darse dos requisitos: que el agente le fuese posible impedir el evento dañoso y que tuviese la obligación legal de hacerlo. Es decir, no es la actividad administrativa la que ha producido el evento dañoso, pero no lo ha evitado cuando debía haberlo hecho. Como bien señala el Profesor García de Enterría, para que se impute a la Administración no es necesario localizar el agente concreto que lo haya causado. Puede tratarse -y así ocurre con frecuencia- de daños anónimos e impersonales, no atribuibles a persona física alguna, sino a la organización en cuanto tal. La titularidad de esa organización o servicio justifica por sí sola la imputación de los mismos a la Administración, tanto si ese servicio ha funcionado mal (culpa in committendo o por acción positiva), como si no ha funcionado (culpa in omittendo, abstenciones cuando existe un deber funcional de actuar), o si lo ha hecho defectuosamente (falta del deber de diligencia funcional, deber con base en el 103.1CE), ya que todos estos supuestos quedan ampliamente cubiertos por la expresión que la Ley utiliza (´´funcionamiento anormal´´). Tanto 106.2CE como 139LRJ-PAC garantizan la indemnización de los particulares por los daños que se le irroguen por el funcionamiento, normal o anormal, de los servicios públicos. Pero hay otros supuestos en los que se utiliza la técnica de la responsabilidad para socializar determinados perjuicios cargando su indemnización, directa o subsidiariamente, al patrimonio del Estado, personalizado en la Administración pública. Para ello, normalmente a través de una norma legal, se tipifican nuevos supuestos de daños indemnizables, directa o subsidiariamente por la Administración. Supuestos no incluidos en el 106.2CE que pueden ser obligaciones de indemnizar derivadas de otros preceptos constitucionales, de tratados internacionales o, simplemente, de creación legal. En la materia que objeto de nuestro análisis es de especial relevancia la normativa en materia de indemnización de los daños causados por actividades terroristas y delitos violentos. La regulación de rango legal actual en esta materia se contiene en los artículos 93 a 96 y disposición transitoria tercera de la Ley 13/1996, de 39 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social modificados por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, artículo 48 y por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, disposición adicional cuadragésima segunda. Por su parte el Real Decreto 1211/1997, de 19 de julio, aprueba el reglamento de Ayudas y resarcimiento a las Víctimas de delitos de Terrorismo, cuya redacción se ha visto modificada por el real Decreto 1734/1998, de 31 de julio, y por el real Decreto 59/2001, de 26 de enero. En virtud de esta normativa, el estado asume el resarcimiento de ´´los daños corporales (físicos y psíquicos), los gastos en razón de tratamiento médico, y los daños materiales causados como consecuencia o con ocasión de delitos de terrorismo cometidos por bandas armadas, elementos terroristas o por persona o personas que alteren gravemente la paz y seguridad ciudadana, a quines no fueran responsables de dichas actividades delictivas´´ (art. 1.1 del RD 1211/1997). Es preciso tener en cuenta, además de la normativa autonómica, otras normas estatales con incidencia en la materia. Han regulado esta materia tres Comunidades autónomas que sufren con mayor incidencia el terrorismo: Navarra (Decreto Foral 254/1988, de 27 de octubre, por el que se regula la concesión de ayudas a los afectados por atentados terroristas), Madrid (Ley 12/1996, de 19 de diciembre, de ayudas a las Víctimas del Terrorismo, modificada por Ley 7/1997, de 17 de febrero, y Decreto 5/2000, de 27 de enero, de actualización de las cuantías de las subvenciones) y País Vasco (Decreto, de 13 de junio, por el que se regula el Programa de ayudas a las Víctimas del Terrorismo). Por su parte, la indemnización pública a las víctimas de delitos sería introducida por la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. Se trata también en este caso de una indemnización sólo de las secuelas físicas e incompatible con cualquier otra ayuda o seguro privado. Esta Ley fue reformada por la Ley 38/1998, de 27 de noviembre, por la que se modifica la composición de la Comisión nacional de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, y desarrollada por el real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. Criterios jurisprudenciales a) Actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana y la persecución de delitos. Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª) de 28 septiembre 2002 En esta primera sentencia que analizamos, el TS apreció la inexistencia de nexo causal entre el atropello de un menor que se hallaba en la playa -por el conducto de un ciclomotor que fue condenado por imprudencia temeraria en la vía penal- y el eventual comportamiento omisivo del servicio de policía, ya que no queda probado ni la falta de vigilancia policial ni la tolerancia en la conducción de ciclomotores por la playa. El TS argumenta su tesis del siguiente modo: ´´[...]estamos nosotros de acuerdo con la declaración contenida en dicha sentencia penal acerca de que, aun cuando no se hubiese reprimido por la Policía siempre la entrada de motoristas en la playa y a pesar de que el servicio de vigilancia abarcase un espacio más extenso que el acotado para esa, la actuación temeraria del conductor del ciclomotor es tan relevante y decisiva en orden al atropello del menor que elimina cualquiera de esas dos circunstancias como codeterminantes del resultado producido para erigirse como única causa de aquél, de modo que no cabe apreciar nexo causal entre la actuación del servicio público y el resultado de tan funestas y trágicas consecuencias para el niño y su familia, sin que el sentimiento, a fin de paliar económicamente tal lamentables secuelas, pueda ofuscar la razón al momento de resolver este conflicto. De seguirse la tesis del demandante en la instancia y ahora recurrido en casación, tan inmotivada e injustificadamente asumida por la Sala de instancia en la sentencia recurrida, siempre que se produjese el atropello en la ciudad de un peatón, que camina por una acera o por un lugar vedado o prohibido para los vehículos de motor, existiría un defecto de vigilancia achacable a la Administración municipal, lo que no es admisible en esos términos generales en que se plantea, pues, como apunta el Juez Penal en su sentencia, el control de cada uno de los ciudadanos resulta imposible «incluso en los Estados más paternalistas», y con referencia al caso concreto señala que «desde luego y lamentablemente nadie puede asegurar que, de haberse fijado un servicio permanente en la playa, los hechos no hubieran acontecido de la misma manera, cuando ni los propios usuarios de dicha playa, que presenciaron lo ocurrido, pudieron hacer nada para impedirlo». Al no apreciarse la concurrencia de nexo causal entre el servicio público y el desgraciado atropello del menor, debemos estimar también este tercer motivo de casación[...]´´. Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª) de 29 junio 2002 El TS declara en este caso que no concurre nexo causal entre la omisión de la Administración y el daño producido por el incendio de una discoteca acaecido el 14 de enero de 1990 en Zaragoza, al considerar que, como se deduce del relato de hechos probados de a sentencia penal que enjuició el incendio en la discoteca, si bien es cierto que se omitieron revisiones en las instalaciones del establecimiento siniestrado, no es menos cierto que en la propia sentencia penal se declara que la falta de revisiones ninguna incidencia hubiera tenido en su producción. En este sentido, el Alto Tribunal se manifiesta del siguiente modo: ´´aunque esta Sala del Tribunal Supremo haya declarado que la responsabilidad patrimonial de la Administración puede anudarse a sus omisiones o inactividad (SSTS de 18 de octubre y 27 de noviembre de 1993, 4 de junio de 1994, 30 de abril, 31 de julio, 26 de octubre y 12 de noviembre de 1996, 25 de enero de 1997 y 15 de junio de 2002), sin embargo es imprescindible que entre esas omisiones o inactividad y el daño producido exista nexo causal, el cual, si bien puede aparecer bajo formas mediatas, indirectas o concurrentes (SSTS de 25 de enero, 26 de abril y 16 de diciembre de 1997, 28 de febrero y 24 de marzo de 1998, 13 de marzo de 1999, 26 de febrero y 15 de abril de 2000, 21 de julio de 2001 y 18 de mayo de 2002), no se manifiesta ahora en cualquiera de ellas, como declaró la jurisdicción penal en la sentencia que enjuició la posible responsabilidad por el incendio de la discoteca, a cuyas conclusiones fácticas está vinculada esta Jurisdicción, como hemos declarado, entre otras, en nuestra Sentencia de 10 de junio de 2000 (recurso de casación 919/1996, fundamentos jurídicos quinto y sexto), transcribiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, plasmada en sus Sentencias 77/1983 67/1984, 58/1988, 207/1989, 189/1990, 171/1991 y 182/1994, según la cual «los principios de igualdad jurídica y de legalidad en materia procesal (artículos 9.3 y 173.3 de la Constitución) vedan a los jueces y tribunales, fuera de los casos previstos por la ley, revisar el juicio efectuado en un caso concreto si entendieran con posterioridad que la decisión no se ajusta a la legalidad, puesto que la protección judicial carecería de efectividad si se permitiese reabrir el análisis de lo ya resuelto por sentencia firme en cualquier circunstancia, cuyo efecto no sólo se produce con el desconocimiento por un órgano judicial de lo resuelto por otro en supuestos en que concurran las identidades propias de la cosa juzgada, sino que también se da cuando se desconoce lo resuelto por sentencia firme en el marco de procesos que examinan cuestiones que guardan con aquélla una estricta dependencia aunque no sea posible apreciar el efecto recogido en el artículo 1252 del Código Civil, ya que no se trata de una cuestión que afecte a la libertad interpretativa de los órganos jurisdiccionales sino de salvaguardar la eficacia de una resolución judicial que, habiendo adquirido firmeza, ha conformado la realidad jurídica de una forma cualificada, que no puede desconocerse por otros órganos juzgadores ni reducir a la nada la propia eficacia de aquélla». Sigue afirmando el Tribunal Constitucional en esas sentencias que la intangibilidad de lo decidido «en resolución judicial firme, fuera de los casos legalmente establecidos, es un efecto íntimamente conectado con la efectividad de la tutela judicial tal como se consagra en el artículo 24.1 de la Constitución, de tal suerte que éste es también desconocido cuando aquélla lo es, siempre y cuando el órgano jurisdiccional conociese la existencia de la resolución firme que tan profundamente afecta a lo que haya de ser resuelto». Si bien la relación de causalidad es una apreciación jurídica susceptible de ser revisada en casación (SSTS de esta Sala del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 1998, 13 de febrero, 13 de marzo, 26 de marzo, 6 de abril, 24 de mayo, 30 de octubre y 27 de diciembre de 1999, 26 de febrero y 9 de mayo de 2000, 22 de diciembre de 2001 y 18 de mayo de 2002), no cabe apartarse de los hechos declarados probados en la sentencia de instancia, que, a su vez, se ha limitado, como era procedente, a reproducir las declaraciones y apreciaciones de la sentencia pronunciada por la jurisdicción penal, para quien la falta de revisiones ninguna incidencia tuvo en la producción del fuego, y, por consiguiente, no es posible establecer relación de causalidad alguna entre las omisiones, en que hubieran podido incurrir ambas Administraciones demandadas, y los efectos trágicos y devastadores del fuego, lo que conduce necesariamente a la desestimación de las acciones ejercitadas por los recurrentes´´. Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª) de 29 marzo 1999 En esta ocasión el Alto Tribunal conoce de la reclamación de daños y perjuicios como responsabilidad patrimonial de la Administración, interpuesta solidariamente a los Ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa, por los actos y omisiones propios y por los aquellas personas de quienes se debe responder, y surgida especialmente de la omisión del deber de vigilar las aguas jurisdiccionales españolas y de la culpa y negligencia de los encargados de negociar con las autoridades marroquíes para la pronta liberación del pesquero ´´Hermanos Fresquet´´ y de su tripulación, secuestrados por una lancha marroquí el 14 de febrero de 1989, en aguas españolas, y conducido por la fuerza al puerto de Beni Enzar (Nador) donde permaneció 60 días. No obstante, el TS considera inexistente el nexo causal entre la actuación de los servicios públicos, concretamente del Servicio de Vigilancia Aduanera (por no dar aviso), y el apresamiento del buque de bandera española en aguas jurisdiccionales españolas por las autoridades marroquíes, ni tampoco entre la actividad diplomática y la prolongación de su retención por las autoridades marroquíes. Se llega a la conclusión que la conducta del tercero (las autoridades marroquíes) es la única determinante del daño producido, aunque hubiera sido incorrecto el funcionamiento del servicio público, y en el caso examinado no aparece otras causa eficiente del apresamiento del buque español en aguas jurisdiccionales españolas que la actitud de las autoridades marroquíes que lo llevan a cabo. Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 28 octubre 1986 El Ministerio del Interior dictó resolución en 24 de abril de 1984 desestimando el recurso de reposición interpuesto contra otra de 8 de noviembre de 1983, por D. Joaquín P. I., en nombre y representación de Acción Familiar; D. Antonio M. G., en nombre y representación de Asociación Navarra de Defensa de la Vida y Jóvenes Pro Vida; D. Alberto V. G., en nombre y representación de Federación Católica de Padres de Familia y por D. Tomás A. L. de H.; resolución esta última que desestimó la petición de indemnización por daños ocasionados, a su entender, por falta de protección policial en una manifestación celebrada en Pamplona en pro del derecho a la vida del no nacido, el día 15 de abril de 1983. Interpuesto recurso contencioso-administrativo, el T. S., lo estima, anulando la resolución impugnada condenando en consecuencia, a la Administración demandada al pago a D. Tomás A. L. de H. la cantidad de ochocientas cuarenta y siete mil quinientas pesetas, y conjuntamente a las tres Entidades que también accionan de la de treinta mil pesetas, con sus correspondientes intereses. El TS al fundamentar su fallo señala que ´´ha de partirse de la evidencia de que constituye un servicio público -por cierto, muy cualificado- el que tiene por finalidad el mantenimiento del Orden Público y la Protección de la libertad y seguridad ciudadanas, sin que esta última pueda entenderse limitada a la esfera estrictamente personal sino igualmente a la de los bienes y derechos personales, con mayor razón cuando éstos sean de los constitucionalmente consagrados, como los de libre expresión, verbal o escrita, de los pensamientos, ideas y opiniones (artículo 20,1, a), de reunión y manifestación (artículo 21), y de asociación en las condiciones previstas en el artículo 22, y en tal sentido, no sólo ha de constituir objeto de ese servicio público la simple represión de cualquier conducta ilícita, ajena a quien lo presta, que impida de algún modo el libre ejercicio de aquéllos, sino también la más eficaz y oportuna actuación con la que se impida que dicha conducta se produzca, ya que esta prevención constituye la más efectiva garantía de esa seguridad ciudadana, y si bien es verdad que esta prevención es imposible o difícil cuando racionalmente no es esperable una acción que la ponga en peligro, por el contrario, la ausencia de medidas adecuadas para la consecución de aquella finalidad no puede ser excusable cuando, dadas las circunstancias de un determinado caso, los Órganos de la Administración abriguen fundados temores de que la seguridad ciudadana se va a alterar o que alguien, a través de sus actos, pretende impedir el libre ejercicio de citados derechos. [...] Tan elemental consideración sirve de pauta para entender, que, sin duda alguna, en el caso enjuiciado se estaba en presencia de un servicio público, y para resolver si, efectivamente, la consecuencia lesiva se produjo por la prestación del mismo, o, contrariamente, de modo exclusivo por una actuación de personas ajenas a sus prestadores, bien entendido que, para concluir conforme a la primera hipótesis, tan decisivo es que el servicio se hubiera prestado como que no se prestara cuando debía serlo adoptando, con la debida eficacia, las medidas correspondientes a su específico objeto, porque, tratándose de una responsabilidad puramente objetiva de la Administración, igual trascendencia tiene la simple omisión en la prestación del servicio que el acto de efectiva prestación, por integrantes ambos de un normal o anormal funcionamiento a tal punto que, como declaró la sentencia de este Alto Tribunal de 2 de febrero de 1982, es «inoperante tener en cuenta quién fuera el autor material de los daños y perjuicios» cuando lo cierto es que los mismos «tuvieron su origen en la pasividad administrativa» del titular del servicio público, con tal de que medie «una causalidad próxima o una causalidad razonablemente previsible», de suerte que, para la de 12 de julio de 1985, ha de responder la Administración cuando se aprecie «una falta de servicio», todo ello porque «la acción de la Administración Pública ha de estar siempre regida por criterios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad» -sentencia de 18 de enero de 1982 -,factores todos ellos integrantes de una total adecuación y eficacia del servicio que se presta´´. Así, del informe de la Jefatura de Policía deduce el Tribunal que, ´´aunque la función represiva encomendada a la Fuerza Pública se hubiera producido con la eficacia que en aquél se explicaba, no ocurrió lo propio con aquélla otra de carácter preventivo que, a fin de impedir posibles enfrentamientos, se le había ordenado realizar, que debió practicarse oportuna y eficazmente sobre todo desde el momento en que los mismos eran de esperar cuando con bastante anterioridad la misma fue avisada y los Agentes tuvieron ocasión de comprobar que existía un grupo de contramanifestantes que aguardaban la llegada de la manifestación y habían colocado en el quiosco de la Plaza una pancarta en favor del aborto, y, por tanto, conflictiva con el objeto de aquélla, ante lo que actuaron en simple «plan de observación» y, desentendiéndose de tal hecho, volvieron a «fijar la atención en el recorrido de los manifestantes», por lo que, en puridad, el resultado lesivo no derivó de la conducta de los alborotadores sino de la de quienes, llamados a impedir con su oportuna intervención que el designio de aquéllos se consumara, se limitaron a adoptar una actitud puramente pasiva sin la que el daño en cuestión no se habría producido´´. b) Armas y explosivos Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª) de 20 marzo 2003 En el presente caso, el TS declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Gobierno Vasco, contra la Sentencia de fecha 22 de junio de 1998, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y considera que existe RPA por existir nexo causal, aunque mediato, entre las lesiones producidas a un trabajador por la explosión de una petardo durante los altercados producidos en el inicio de las fiestas de Bilbao y la ausencia de las medidas de protección suficientes adoptadas por la administración competente. Ante las pretensiones de la Administración recurrente que alegaba la inexistencia directa, exclusiva e inmediata entre el actuar de la Administración y el resultado, ya que habían intervenido elementos extraños (terceras personas no identificadas), el TS fundamento su fallo recordando que ´´la doctrina de la relación exclusiva entre el actuar de la Administración y el resultado dañoso ha sido abandonado por la jurisprudencia de esta Sala pudiendo remontarnos a las sentencias de 15 de noviembre y 8 de marzo de 1967 y 29 de enero y 8 de octubre de 1969, siendo suficiente que el actuar de la Administración haya contribuido a la producción del daño siquiera sea de forma mediata aunque sí necesaria´´. Y señala que ´´en estos supuestos de concurrencia de conductas en la causación del daño la solución jurisprudencial es la moderación de la responsabilidad imputable a la Administración en base a la concurrencia de culpas´´. Confirmando la sentencia de la Sala ´´a quo´´, el TS argumenta que lo que se afirma ´´no es que el actuar administrativo sea ajeno a la comisión del daño, sino que muy al contrario se sostiene que «fue la conducta de la Administración de no adopción de medidas protectoras de los oídos la que propició el resultado lesivo», sin que la conducta de los agresores materiales se entienda que altera el nexo causal, por cuanto si bien es cierto que éstos fueron los autores de las lesiones del actor, no lo es menos que aquéllas se vieron propiciadas como causa eficiente por la omisión de un mecanismo protector adecuado por parte de la Administración que no adoptó las medidas de protección suficientes pese a ser conocedora de la existencia del riesgo [...] La acción generadora del peligro, es decir, la agresión de terceros es completamente ajena al actuar administrativo, pero que a la comisión del daño ha cooperado de forma necesaria la conducta omisiva de la Administración [...]´´. Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª) de 1 febrero 2003 Por su parte la sentencia que ahora abordamos, pese a que trata concretamente de la compatibilidad entre una pensión extraordinaria con la derivada de la responsabilidad patrimonial, confirma una sentencia anterior de la Audiencia Nacional en la que se observa RPA derivada de las lesiones sufridas por un artificiero en la desactivación de un explosivo, pero que tiene su referente no en el funcionamiento normal del servicio al constituir la deflagración un riesgo habitual de la profesión y estar aceptado por quien lo sufre, sino en el funcionamiento anormal del servicio sin que en el intervenga la falta de adopción por el artificiero de las medidas de precaución. Se considera que el daño sufrido por el artificiero es imputable a la omisión de la Administración, pues ni el material empleado en las prácticas era adecuado ni se les facilitó a los intervinientes en ellas la vestimenta exigida para tal cometido, sin que la Administración. Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª) de 24 julio 2001 El TS en esta ocasión considera inexistente el nexo causal, pretendido por el recurrente, entre las lesiones causadas por el disparo efectuado por un enajenado mental (esquizofrénico paranoide) con la pistola que previamente le había arrebatado a uno Guardias civiles que habían acudido su domicilio, tras ser alertados por los propios familiares de éste, quien la había emprendido a gritos y había arrojado diversos enseres. Según el recurrente se había omitido el importante soslayo de la obligación de vigilancia que incumbía al Agente y que el perturbado había arrebatado al Guardia civil la pistola, con que se habían causado las gravísimas e irreversibles lesiones, olvidando al propio tiempo que el autor del disparo había tenido ingresos e hospital psiquiátrico por padecer trastorno grave de personalidad de tipo esquizo-paranoide, de modo que considera el recurrente la conducta omisiva del agente equivalía al abandono del servicio. Sin embargo el Alto Tribunal, tiene en consideración los hechos fundamentales extraídos de la sentencia de la Jurisdicción penal en los que se relata cómo el padre del perturbado y el Guardia Civil se encontraban de espaldas a la puerta, de donde irrumpió el hijo del primero sin causar ruido, golpeando a aquéllos, derribando al segundo que cayó al suelo aturdido, arrebatándole el arma, para después disparar sobre aquél, y además que el internamiento en hospital psiquiátrico, sobre no alterar los presupuestos básicos y esenciales, ha sido incluso tenido en cuenta por la Sala de instancia cuando en la motivación jurídica cuarta expresa que «nadie ha mencionado siquiera si el señor M. (Guardia Civil), primera víctima y con mucha fortuna por cierto, conocía esos supuestos ingresos hospitalarios», de lo cual se desprende que los mismos devenían irrelevantes a juicio de la Sala, con cuyo criterio coincide el TS. En la sentencia se nos recuerda que ´´el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración, exige, como viene reiterando hasta la saciedad este Tribunal Supremo en repetidas sentencias, que, por su misma reiteración, es ocioso citar en concreto: el cumplido acreditamiento de la efectividad de un daño individualizado y evaluable, cuya imputación individual no deba soportar el particular perjudicado; que la lesión no provenga de fuerza mayor y sea consecuencia del funcionamiento, normal o anormal, de los servicios públicos, entendidos estos en su más amplio sentido, como gestión pública, y, por último, que exista una relación de causa a efecto entre la actividad administrativa a la que se imputa el daño y el resultado lesivo, erigiéndose este nexo causal en elemento fundamental y requisito «sine qua non», para poder declarar procedente la responsabilidad cuestionada´´. La fundamentación anterior sirve al Tribunal para señalar que aunque sea cierto que en los artículos 106.2 de la Constitución y 139 de la Ley 30/1992 se establece el derecho de los particulares a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos y concurran los requisitos consignados en la motivación anterior y que de la Normativa atinente a las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado se atribuye y encomienda a los miembros de estos «garantizar la seguridad ciudadana», debiendo actuar en el ejercicio de las funciones que le son propias con la decisión necesaria y sin demora, cuando de ellos dependa la evitación de un daño grave..., sigue el Tribunal ´´no lo es menos, sin embargo, y no cabe olvidarlo, ante todo que no es posible apreciar, en el supuesto actual el alegado «soslayo de la obligación de vigilancia que el Guardia Civil cumplía cuando permaneció en la casa del perturbado, en tanto el otro compañero fue enviado al centro médico en busca de ayuda especializada», en contemplación objetiva de los hechos que tuvieron lugar, pues si, de una parte, los Agentes convencieron en un primer momento al perturbado para que les acompañare a un centro médico, es de observar, de otra como en vista de tal apaciguamiento, debe ser considerada normal la permanencia del Guardia en la puerta de la casa con el padre, sin que la sorpresiva salida, sin el menor ruido, (cuando con anterioridad «había dado gritos y arrojado enseres»), del perturbado, golpeando a su padre con un palo y a seguido al guardia, (aunque aprovechara que ambos estaban de espalda), que quedó aturdido en el suelo, situación que aprovechó el individuo para arrebatar el arma al agente, al que efectuó dos disparos, altere en forma alguna aquella apreciación que formulábamos más arriba, pues en modo alguno cabe afirmar que se produjo un «abandono del servicio» y si a todo lo expuesto agregamos que la lesión sufrida por el recurrente, sobre no poderse achacar, repetimos, al servicio público de vigilancia y protección que tiene encomendada la Guardia Civil, ni tan siquiera teniendo en cuenta el arrebato de la pistola, no es sino el resultado de una intempestiva e inesperada reacción de un enfermo mental «esquizo-paranoide», de todo punto excluyente de la responsabilidad patrimonial de la Administración pretendida, en cuanto no concurre desde luego y pese a las afirmaciones hechas, el inexcusable nexo causal que para su reconocimiento debe existir entre la actividad u omisión administrativa, entre el funcionamiento del servicio y el daño producido´´. Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª) de 20 diciembre 2001 El ofendido en el presente asunto, en compañía de otra persona, fue sorprendido por un Policía Municipal, el día de autos, cuando cometía un delito de robo y al serles dado el alto por el Agente de Policía de forma reiterada, el recurrente y su compañero desatendieron tales advertencias y se dirigieron hacia el funcionario, empuñando el recurrente un arma punzante (destornillador) pese a que no tenían duda alguna, según manifestación del compañero del recurrente, de su condición de Agente de Policía, lo que hizo que éste empuñara su arma reglamentaria, pese a lo cual y a las reiteradas voces de alto, el recurrente y su acompañante continuaron avanzando hacia el funcionario. Los hechos relatados no ofrecen duda alguna al Tribunal y así han sido igualmente estimados por la Jurisdicción Penal, lo que unido al razonamiento consistente en «al ser la obligación de un guardia urbano el detener a un delincuente ´´in fraganti´´ y dada la previsibilidad de que sufriera una agresión» determina el sobreseimiento libre de las actuaciones penales al concluir que no fue el Agente de la Policía Municipal quien creó la situación de riesgo. En cuanto a la forma en que se produjo el disparo que ocasionó las lesiones al recurrente no existe más versión que la del Policía Municipal, éste sostiene que el arma se disparó cuando el recurrente entró en contacto físico con él, al abalanzarse sobre su persona al tiempo que lanzaba el brazo en que portaba el destornillador contra su cuerpo, lo que originó que al tratar de esquivar la agresión recibió un golpe en el brazo derecho y se produjo el disparo. Tal versión no ha sido negada ni por el recurren Considera el Tribunal que el disparo se produce de forma accidental, y no existe ni el más ligero indicio de que así no fuera, y ello como consecuencia de la actitud no sólo de desobediencia, sino agresiva de la víctima, que ante las advertencias reiteradas del Policía se dirigió hacia éste empuñando un arma punzante haciendo caso omiso a sus tales advertencias de «alto» hasta llegar a entrar en contacto físico con aquél. De lo relatado el tribunal ve claro que fue el propio recurrente con su actuar quien generó la situación de riesgo en que se le produjeron las lesiones, sin que en modo alguno la actuación del Policía Municipal de esgrimir su arma reglamentaria, con finalidad intimidatoria ante una situación de aparente riesgo para su integridad, pueda considerarse contrario a lo dispuesto en el artículo 5.2. c y d de la Ley Orgánica 13/1986. De lo hasta aquí dicho concluye el TS que el daño sufrido por el recurrente no reviste carácter antijurídico y por tanto viene obligado a soportarlo, lo que hace que los motivos articulados deban ser desestimados con expresa condena en costas al recurrente conforme al artículo 102.3 de la Ley Jurisdiccional. Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª) de 19 abril 1999 En esta ocasión el TS deniega la indemnización solicitada a consecuencia de las lesiones sufridas por un hijo del actor, de diez años, al explotarle una bengala que había encontrado en una casa abandonada que tiempo ha estuvo ocupada por el Instituto Social de la Marina y por la Cofradía de Pescadores. Básicamente el Tribunal considera que la intangibilidad del relato fáctico narrado en la sentencia impugnada evidencia no sólo la existencia de la gravísima lesión, por amputación de la mano derecha y heridas en cara y tórax que fatalmente sufrió el menor por la detonación del artefacto explosivo, sino que tales lesiones -o daños- causados en modo alguno puedan imputarse, siquiera sea por vía indiciaria o indirecta, al actuar de la Administración -Instituto Social de la Marina-. En consideración de lo expuesto por el tribunal de instancia, el Alto tribunal sostiene que en el presente caso no hay prueba alguna para poder declarar la responsabilidad de la Administración, pues «si bien es cierto que la bengala fue encontrada en una casa en su día ocupada por el Instituto Social de la Marina, es lo cierto que ese abandono data de 1975 y los hechos acaecieron en 1983, a lo que debe añadirse que también ocupó esa casa -de titularidad privada- la Cofradía de Pescadores, habiendo en el expediente administrativo informes que afirman que el Instituto, dada su finalidad prestacional, jamás emplea ese tipo de material, ni hay constancia de que en aquel paraje se desarrollaran maniobras militares, a la par que la policía descarta que se tratase de un material escondido o abandonado por algún terrorista o banda armada». Así, se concluye que no existe relación o conexión entre la actuación administrativa y el daño o lesión sufrida; pues falta uno de los presupuestos determinantes de la responsabilidad pretendida en el proceso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley de 1957: «que la lesión sea imputable a la Administración y consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos». Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª) de 14 enero 1999 La recurrente del recurso de casación del que conoce la presente sentencia (recurso num. 4553/1994) articula un único motivo de casación por infracción del artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado (en adelante LRJAE) y Jurisprudencia que cita por entender que existe nexo causal entre una conducta omisiva de la Administración -que describimos a continuación- y el resultado de muerte (de su esposo) producido por disparo con arma particular, no reglametaria, por parte su vecino. La demandante intenta demostrar la existencia de esa actuación del servicio público, en no haberse atendido por Órganos de la Administración, sus distintas peticiones sobre el desahucio de su vecino, con lo que se evitarían las continuas discusiones y enfrentamientos, o la privación del arma que éste poseía. Sin embargo, y como bien señala el Tribunal, para que procediese el desahucio habrían de darse los supuestos previstos en la normativa aplicable, lo que no quedó demostrado, pues de todo lo actuado y alegado, el enfrentamiento no se produjo entre el citado vecino y el resto de los habitantes del inmueble o de un número determinado de ellos, sino únicamente con el agresor fallecido; y, sigue el Tribunal ´´no hay, por tanto base alguna para que hubiese de procederse a ejercitar la acción de desahucio; y la privación del arma, tampoco tenía base alguna, el arma era particular, no reglamentaria, y que de los informes psiquiátricos resulta no había indicios de que el paciente tuviera motivaciones peligrosas ni para consigo mismo ni para los demás, no se le detectaron síntomas de ´´sentirse perseguido´´ pero sí ´´molestado´´ por los ruidos que hacían sus vecinos del piso superior a ciertas horas, por ello el no haber actuación administrativa alguna en orden a las peticiones de la recurrente o de su esposo, no constituye conducta reprobable; no puede exigirse a los órganos de la Administración tomen medidas tutelares, a medida del deseo y parecer de cada uno de los ciudadanos, ni exigirse la responsabilidad por los hechos que se produzcan de modo imprevisible, la misma actuación de la recurrente y su esposo, al renunciar a la celebración del juicio penal que habían instado, ante las explicaciones del señor A (vecino)., demuestran la total falta de previsión de la conducta posterior del mismo». Razonamientos que asumimos en su integridad´´. Además añade el tribunal que ´´el hecho de haber retirado el esposo de la recurrente en su día una denuncia penal por amenazas que desembocó en un juicio de faltas por malos tratos de palabra, que fue a su vez sobreseído por aceptar el fallecido las excusas dadas por quien posteriormente le ocasionó la muerte, revela, como recoge la Sala de instancia, la confianza del propio esposo de la recurrente en la falta de peligrosidad del señor A. V., sin duda por no apreciarse otras circunstancias que las propias de disputas vecinales sin más trascendencia. De otra parte es un hecho declarado probado y no combatido en casación, que el arma de que estaba en posesión el señor A. V. era de carácter particular, es decir no la poseía en función de su condición de militar, por lo que tal hecho no está acreditado fuese conocido por la Administración Militar administradora de las viviendas ocupadas por los implicados, ni tampoco atendidos los informes médicos obrantes en las actuaciones aparecía base alguna para adoptar una medida en orden a la retirada del permiso de armas, por lo que no cabe hablar de un supuesto de acción por omisión ante un concreto deber de obrar o actuar de un determinado modo tal y como establece la sentencia de este Tribunal cuya doctrina se invoca como infringida, razones por la que el motivo debe ser rechazado´´. Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 15 diciembre 1986 En este supuesto, el TS la reclamación de daños y perjuicios deducida por el actor contra la Administración (M.º del Interior) por responsabilidad patrimonial del Estado por fallecimiento de un hijo del demandante como consecuencia de disparos de la fuerza pública el día 13 de diciembre de 1979. Manifiesta el Alto Tribunal que, tal como se desprende del resultando de hechos probados del auto de sobreseimiento provisional, ´´el fallecido -hijo del actor- participaba en una manifestación autorizada que partiendo de la Plaza de Legazpi siguió por el itinerario autorizado hasta la Glorieta de Embajadores. A eso de las 19 horas el muerto se encontraba en la Ronda de Valencia a una distancia no inferior a los 100 m. del lugar en que se estaba hostigando, por un grupo de personas no determinadas, a un Land Rover de la Policía Nacional, produciéndose por ello disparos de la fuerza pública alcanzando un proyectil a Emilio M. M. por rebote al chocar la bala previamente con un objeto de extrema dureza. En base lo de lo cual es claro que partiendo de los hechos admitidos por el tribunal de lo penal, así como de la conclusión que cabe establecer en base de una apreciación conjunta y racional de las pruebas unidas al expediente, no es posible, en este caso, sostener que el fallecido tomó parte en el hostigamiento a la fuerza pública sino que al contrario -y tal como dice el C. de E. en su dictamen- no puede apreciarse grado alguno de culpa o negligencia en su conducta y por ello no existe alteración alguna del nexo causal ni causa o razón que justifique, el daño o lesión patrimonial´´. De lo expuesto deduce el TS que el tema litigioso queda reconducido a la necesidad de cuantificar el daño, utilizando los criterios usuales. Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 2 febrero 1980 Don Fernando L. P., nacido en 1933, Abogado y funcionario del Cuerpo Técnico del Instituto Social de la Marina, fue herido en la madrugada del 23 enero 1975 por funcionarios del Cuerpo General de Policía, que al parecer le confundieron con un atracador y terrorista. Las secuelas de las lesiones sufridas, limitaciones funcionales que suponen pérdida de capacidad física y laboral, han determinado la situación de excedente especial por invalidez del señor L. P., como funcionario del Instituto Social de la Marina. En el considerando segundo de la sentencia del tribunal ´´a quo´´ (aceptado por el TS) ´´queda reconocida la relación o nexo causal entre la conducta policial, generadora del daño, y el sufrido por el recurrente con unos efectos que no se limitan a la minoración física con trascendencia en la capacidad profesional, pues transciende a otros aspectos susceptibles de reparación, en alguna medida, mediante valoraciones económicas, centra el Abogado del Estado la oposición a la pretensión, dando una especial relevancia a la conducta de la víctima, excluyente, a su decir, de la relación causal entendida como relación directa, inmediata y exclusiva, argumentando que si la víctima hubiera obedecido a la actuación policial, sin resistencia, el hecho no se hubiera producido, más una ajustada apreciación fáctica, en una estimación que no hace preciso juicios con trascendencia en órdenes valorativos penales, revela en términos que no se presentan como dudosos que fue el error del servicio policial, confundido acerca del sujeto sobre el que se quería proyectar la acción de reducción y detención, el hecho originario y determinante de todo el resultado ulterior, sin ruptura del nexo causal por causa extraña excluyente de responsabilidad y, desde luego, sin incidencia de culpa del recurrente con trascendencia excluyente ni siquiera moderadora de las consecuencias dañosas en un reparto de las mismas, porque el lugar y tiempo en que se produjo la acción policial y las circunstancias en que se desenvolvió, sitúan en un marco de razonable comportamiento, la reacción defensiva de la víctima, ante lo que estimó racionalmente una situación de agresión procedente de personas ajenas a los servicios policiales de seguridad, sin que, en tales circunstancias, aludida conducta defensiva deba configurarse en un cuadro de concausas con interferencia en el proceso causal, de modo que es el error que hemos dicho, seguido de la concreta actuación policial, al margen de valoraciones jurídico-penales que no corresponde hacer aquí, y que no son, por lo demás, relevantes a los precisos fines de definir una responsabilidad patrimonial de la Administración, las desencadenantes con potencialidad suficiente del daño causado, en un preciso nexo de causalidad, que se subsume netamente en lo que define el art. 40, 1) de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, como supuesto de funcionamiento anormal de un servicio público´´. c) Espectáculos públicos y actividades recreativas Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª) de 3 mayo 2001 El objeto del recurso del que conoce esta sentencia se centra en determinar la eventual responsabilidad del Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama, como consecuencia de las lesiones sufridas por el actor en el transcurso de la celebración de un festejo de encierro de vacas bravas celebrado por iniciativa de la entidad el 26 de julio de 1994. Según se el actor se encontraba encaramado sobre el pretil de un puente, adosado al cual y sin espacio entre uno y otro, se había colocado un vallado de 1,50 metros de altura para proteger a corredores y reses de la caída al río; no había junto a él personas que pudieran socorrerle o agarrarle; el lugar era peligroso. El TS, tras analizar las alegaciones de las partes, señala que, tratándose de unas fiestas populares organizadas por la Corporación, un encierro de vacas bravas, ésta no describe con el debido detalle las circunstancias que, a efectos de la eventual responsabilidad de los poderes públicos en este tipo de festejos, son inherentes a sus competencias. Tales como, presencia de vigilancia, advertencias de peligrosidad de determinados tramos, etcétera. De los hechos descritos por la sentencia de instancia se aprecian afirmaciones contradictorias con la diligencia que la Jurisprudencia viene exigiendo en este tipo de festejos con una nutrida participación popular. El tribunal concluye, bajo criterios de razonabilidad, que la protección en la zona, de evidente peligro, no era la adecuada, al existir en el lugar un plus de riesgo que, lógicamente, debía llevar a una mayor protección. La rotura efectiva del vallado, con la posterior caída del recurrente así lo confirma. En el FJ6ºde la Sentencia, el TS hace referencia a su constante jurisprudencia (entre otras Sentencias de 23 de febrero de 1995, 1 de abril de 1995, 29 de marzo y 25 de mayo de 1999, 30 de septiembre de 1999, 15 de abril y 9 de mayo de 2000) la cual ha venido exigiendo en los festejos populares, organizados o dependientes de las autoridades municipales, un especial deber de diligencia para evitar situaciones de riesgo o peligro, fruto de la presencia y concentración de un elevado número de personas. El Alto tribunal considera que, si bien la conducta del actor cooperó a la producción del daño -´´debe aceptarse, como hace la Sentencia de instancia, que se encontraba en un lugar de evidente riesgo´´-, no tiene a su juicio la suficiente relevancia para romper el nexo causal que obliga a la Administración a responder de los daños que sean consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Sobre estas premisas y ya como Tribunal de instancia al ser procedente la Casación de la Sentencia recurrida, el TS valora la conducta del actor como cooperante a la producción del resultado dañoso y, lógicamente como factor de moderación en el reconocimiento de las indemnizaciones solicitadas (en base su doctrinal al respecto; entre otras SSTS de 29 de mayo de 1991, 27 de noviembre de 1993, 19 de noviembre de 1994, 25 de febrero de 1995, 2 de marzo de 1996, 25 de enero de 1997, 28 de febrero de 1998, 13 de marzo de 1999 y 26 de febrero de 2000). Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª) de 27 diciembre 1999 En la noche que transcurre entre los días 28 y 29 de agosto de 1992 se celebró en el polideportivo municipal de la localidad de Villanueva de Castellón (Valencia) un espectáculo musical con ocasión del desarrollo de las fiestas patronales de esta población. Durante el espectáculo -que tenía el siguiente contenido, de conformidad con el escrito presentado por el organizador del mismo, don Javier V., propietario del bar ´´Local´´: ´´La fiesta en sí, consistiría básicamente en la actuación de ´DJ`s´ locales y foráneos de las más renombradas discotecas de la provincia y que más adelante se detallan. Actuación de un grupo de rock, ganador del concurso ´Rock de LUX´, denominado ´Los Canadienses´ que patrocina el Ayuntamiento y al que agradecemos su dedicación´´ y aproximadamente a las tres horas del día veintinueve, se produjo una explosión en el centro de la pista del polideportivo que ocasionó diversas lesiones de consideración leve a una serie de espectadores y la ´´amputación traumática de la pierna izquierda, con gran destrucción de masas musculares y atrición de piel hasta tercio superior de pierna; quemaduras múltiples en miembro inferior derecho con áreas necróticas diversas´´(según se desprende del informe clínico emitido por el Hospital de Xátiva el 23 de septiembre de 1992). Asimismo del relato de hechos probados realizado por la sentencia recurrida se desprende que, con seguridad, que la explosión en la madrugada del día 29 de agosto de 1992 fue motivada por el lanzamiento, por parte de uno de los asistentes al espectáculo musical, de una sustancia explosiva. La Sentencia recurrida deniega la indemnización pedida por considerar que, si bien el demandante sufrió una lesión, entendida como daño antijurídico, no fue la Administración demandada la responsable de la misma, al no haber incurrido en acción u omisión alguna productora de aquélla, sino que su causa se debió exclusivamente a la culpa de un tercero, la cual fue de tal relevancia que es suficiente para eximir por completo de responsabilidad al citado Ayuntamiento, con lo que, en definitiva, viene a sostener que no hay nexo de causalidad entre la actuación de la Administración local demandada y el resultado lesivo producido. Sin embargo, el TS no comparte este criterio del tribunal ´´a quo´´ en cuanto éste exonera de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por lo sucedido al considerar que la culpa del que lanzó el explosivo tiene tal relevancia que debe ser tenida como la única causa determinante de la lesión, ya que el hecho ocurrió en el transcurso de un espectáculo musical programado entre los festejos patronales y autorizada su celebración en el polideportivo municipal por el propio Ayuntamiento, que en el folleto de las fiestas de 1992, editado por él mismo, aparece como coorganizador, aunque su preparación y ejecución materiales, además de la seguridad del interior del recinto, corriesen (según la versión del citado Ayuntamiento) a cargo de otra persona o empresa, pues estas circunstancias no liberan de su responsabilidad objetiva a la Administración local, al haber programado, organizado y autorizado el mencionado espectáculo musical en un recinto a su cargo, cual es el polideportivo municipal, con el consiguiente deber de procurar un desarrollo de aquél sin riesgos para los asistentes, a pesar de lo cual se introdujeron en ese sitio sustancias explosivas susceptibles de causar gravísimos daños personales como los acaecidos. La culpa de quien provocó la explosión y la negligente actuación del realizador o productor del citado espectáculo no eximen de responsabilidad al Ayuntamiento demandado, quien lo programó y organizó entre los festejos patronales y cedió el uso del polideportivo municipal para celebrarlo. Finalmente, no podemos dejar de señalar lo dispuesto en el FJ7º de la Sentencia: ´´ni que decir tiene que la tesis de la posible negligencia del perjudicado, insinuada por la representación procesal del Ayuntamiento demandado, es indefendible a la vista de los hechos declarados probados en la Sentencia recurrida, sin que la culpa del que lanzó el explosivo o la del realizador del espectáculo puedan ser consideradas como causas para reducir la reparación a cargo del Ayuntamiento, ya que, como en cualquier supuesto de responsabilidad extracontractual, ésta tiene la naturaleza de solidaria, de manera que frente al perjudicado cada obligado responde de la totalidad de la deuda, razón por la que el Ayuntamiento demandado habrá de indemnizar íntegramente al demandante en la cantidad que estimemos adecuada para su plena indemnidad´´. Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª) de 17 noviembre 1998 El recurso de casación del que conoce la presente Sentencia se interpone contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el 11 febrero 1994 por la que se reconoce la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Canals por los daños corporales sufridos por el menor recurrente por la explosión de artefactos pirotécnicos sobrantes del castillo de fuegos artificiales disparado en la fiesta del anexo de Ayacor correspondiente al citado municipio. En esta ocasión la Sala, como sucedía en las anteriores sentencias comentadas de este apartado, vuelve a referirse (en cualquier caso cabo notar que ésta es anterior en el tiempo que aquellas) a su reiterada doctrinal por la cual se integra en el ámbito del funcionamiento de los servicios públicos, a efectos de la determinación de si existe responsabilidad patrimonial de la Administración titular por los daños causados por su celebración, el supuesto de fiestas populares organizadas por los ayuntamientos o patrocinadas por éstos, aun cuando la gestión de las mismas se haya realizado por comisiones o incluso por entidades con personalidad jurídica independiente incardinadas en la organización municipal. Asimismo nos recuerda que ´´aun cuando la jurisprudencia ha venido refiriéndose con carácter general a un carácter directo, inmediato y exclusivo para particularizar el nexo causal entre la actividad administrativa y el daño o lesión que debe concurrir para que pueda apreciarse responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, no queda excluido que la expresada relación causal -especialmente en los supuestos de responsabilidad por funcionamiento anormal de los servicios públicos, como es el examinado- pueda aparecer bajo formas mediatas, indirectas y concurrentes, circunstancia que puede dar lugar o no a una moderación de la responsabilidad (SSTS de 8 enero 1967, 27 mayo 1984, 11 abril 1986, 22 julio 1988, 25 enero 1997, 26 abril 1997 y 6 octubre 1998, entre otras). Entre las diversas concepciones con arreglo a las cuales la causalidad puede concebirse, se imponen, en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración, aquellas que explican el daño por la concurrencia objetiva de factores cuya inexistencia, en hipótesis, hubiera evitado aquél (Sentencia de 25 enero 1997), por lo que no son admisibles, en consecuencia, concepciones restrictivas que irían en éste en contra del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas (Sentencia de 5 junio 1997), pues el concepto de relación causal se resiste a ser definido apriorísticamente con carácter general, y se reduce a fijar qué hecho o condición puede ser considerado como relevante por sí mismo para producir el resultado final como presupuesto o «conditio sine qua non» esto es, como acto o hecho sin el cual es inconcebible que otro hecho o evento se produzca como consecuencia o efecto del primero, aunque es necesario además que resulte normalmente idóneo para determinar aquel evento o resultado teniendo en consideración todas las circunstancias del caso (Sentencia de 5 diciembre 1995). La aplicación de la doctrina recogida al supuesto planteado conduce al Tribunal a concluir que la actividad causalmente relevante del Ayuntamiento al no recoger los restos del castillo de fuegos artificiales que ofrecían una potencial peligrosidad mientras permaneciesen en el lugar transitado por menores que podían ir precisamente en busca de tales restos no ofrece duda alguna sobre la concurrencia de dicho requisito, ya que la omisión de los servicios municipales al no adoptar tan elementales medidas de cautela aparece como acontecimiento causal sin el cual es inconcebible que se hubiera producido la explosión y debe ser considerada como hecho idóneo para producir este resultado según las circunstancias apreciadas de previsible concurrencia de menores interesados precisamente en hacerse con restos de los artificios pirotécnicos sin conciencia de su peligrosidad. Por otra parte, y en lo referido a la eventual moderación de la responsabilidad del Ayuntamiento por concurrencia de causas en la producción del accidente, el TS señala que frente a la relevancia causal absolutamente prioritaria de la omisión por el Ayuntamiento de elementales medidas encaminadas a evitar el riesgo de manipulación por los menores de los restos de los fuegos de artificio, la conducta de los menores concurrentes, de carácter previsible, consistente en acudir al lugar a retirar y manipular los restos del castillo de fuegos artificiales disparado el día anterior, se presenta como ausente de relevancia suficiente no ya para determinar la ruptura del nexo de causalidad, sino para imponer siquiera una moderación de la responsabilidad que de manera íntegra corresponde a los servicios municipales. Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª) de 15 diciembre 1997 En la presente Sentencia se considera pertinente la indemnización derivada de las lesiones sufridas por un ciudadano durante la quema de fuegos artificiales, por apreciarse que, al organizar ferias reglamentadas y autorizadas, es competencia municipal esencial e indeclinable del Ayuntamiento en cuestión la de policía de seguridad en los diversos festejos y en sus instalaciones. Expone el TS que una actividad como esta, implica necesariamente un alto riesgo que la administración municipal asume por entender que es necesario para mantener una determinada tradición popular, lo que no le exime de asumir una eventual responsabilidad por los daños que puedan derivarse de tal actividad que patrocina y organiza. Concretamente el Tribunal hace hincapié, por una parte, en que ´´no cabe considerar como negligente la conducta de quien acude a un festejo popular en el que la quema de fuegos artificiales constituye y desempeña un papel esencial, puesto que al tratarse de actos lúdicos, ha de ser tenida en cuenta la conducta culposa de la Administración, que no previno, en el caso examinado, los medios necesarios para evitar lo acontecido, que no puede ser achacado a un suceso imprevisible y externo al propio marco jurídico del servicio público, cuyo funcionamiento ha de ser reputado como anormal, por lo que es claro que la Administración creó en su actuación una situación de riesgo, al no poner los medios precisos para evitar menoscabos en el patrimonio de las personas, traduciéndose ello en la lesión física grave en la integridad física, como consecuencia directa de tal omisión de medidas, lo que implica la plena declaración de responsabilidad patrimonial de la administración´´; y por otra parte, en que ´´la Administración municipal ha de responder de las consecuencias derivadas de la actividad relacionada con el ejercicio de sus competencias, especialmente concernientes al mantenimiento de la seguridad, con ocasión de las fiestas populares, debiendo asumir dicha Corporación las responsabilidades que entrañan consecuencias dañosas, que razonablemente pueden considerarse incardinadas o relacionadas con la celebración normal o anormal de la fiesta popular, sin que en el caso examinado consten hechos suficientemente significativos para estimar alterada la relevancia causal de la actividad del Ayuntamiento en la autorización de la fiesta y la no prevención de sus consecuencias negativas´´. Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª) de 11 mayo 1992 En la presente Sentencia, que conoce de una reclamación de indemnización derivada de las lesiones sufridas en un festejo de vaquillas en Villarreal de Álava (Álava), el TS viene a decir prácticamente lo mismo que ya hemos visto hasta ahora, que al no existir una adecuada y completa prueba de la existencia de concausa alguna que pudiera imputarse a la víctima de la que resultara proporcional y equitativamente compatible la proyección económica del resultado lesivo, aunque la actuación del Ayuntamiento demandado al organizar el festejo en el que las lesiones del recurrente se produjeron fuese del todo normal, aquél había de responder del perjuicio por éste sufrido por crear el nexo causal entre el hecho que desencadenó tal resultado. Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª) de 14 septiembre 1989 El Ayuntamiento de Burgo de Osma, por Acuerdo de la Comisión Permanente de fecha 16 de febrero de 1984, desestimó el Recurso de Reposición interpuesto por don Santiago B. C., contra el Acuerdo de la citada Comisión de 16 de diciembre de 1983, y por el que se desestimaba la reclamación formulada de indemnización de daños y perjuicios por el accidente mortal sufrido por don Santiago B. A., padre del recurrente, el día 16 de agosto de 1981, en el transcurso de una carrera ciclista dentro del casco urbano de la localidad referida. Interpuesto recurso contencioso-administrativo por el señor B. C., la Sala de Burgos, en Sentencia de 28 de septiembre 1988, lo desestima. Promovida apelación por el recurrente, el T. S. la desestima, confirmando la sentencia apelada. El TS considera más que dudosa la legitimación pasiva que al Ayuntamiento se atribuye en el hecho desgraciado ocurrido -verdadero accidente- en cuanto que la Corporación demandada, como tal, no tuvo participación alguna en la organización y desarrollo de la prueba deportiva celebrada en la ciudad dicha y en el transcurso de la cual se produjo el hecho luctuoso. Y manifiesta que ´´de toda la documentación aportada resulta que la prueba o carrera ciclista en circuito cerrado, fue patrocinada u organizada por el Club Uxama, con aprobación de la autoridad competente y bajo las condiciones jurídico-técnicas expresadas en el acuerdo autorización, sin intervención alguna de la autoridad municipal (las subvenciones públicas o de particulares no alteran o desvirtúan las responsabilidades del organizador, tal como se expresa en el apartado 5.º de la autorización de julio de 1981) a no ser el permitir que el circuito discurrieren por las calles de la villa y que los policías municipales disponibles reforzasen el dispositivo de seguridad, pero sin que el Ayuntamiento tuviera intervención alguna, como se ha dicho como tal (de una manera directa o bajo su responsabilidad) en la celebración de tal prueba deportiva, cuya iniciativa y desarrollo fue debido a un Club privado, que obtuvo todas las aprobaciones exigidas, unido a que los informes técnicos ilustran de que la prueba fue celebrada de conformidad con las prescripciones o condiciones establecidas en los acuerdos de concesión. Por ello, mal puede atribuirse responsabilidad alguna a una entidad local que permaneció ajena al desarrollo de la prueba y que incluso los temas de orden público que pudieran generarse, eran de la competencia de la autoridad gubernativa, más propiamente que la municipal, aunque obviamente a tal fin debía coadyuvar los funcionarios de la policía municipal como así ocurrió en la práctica´´. En todo caso, señala el TS que la jurisprudencia ha exigido que el daño o lesión patrimonial sufrido por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos en una relación directa, inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando el nexo causal -con cita de las SSTS de 11 de abril y 15 de diciembre de 1986, 20 de julio de 1988, 17 de febrero de 1989, etc.)-, ya que en el caso estudiado el atropello se produjo cuando la propia víctima irrumpió inesperadamente en la calzada (al ser alcanzada a 0,90 metros de la acera o línea de personas que forman el cordón humano que presenciaba la prueba etc) y dió el primer paso, sin tomar precaución alguna, cuando el grupo de corredores -en circuito cerrado y prácticamente encima- circulaba a más de 50 Km. por hora y sin poderse apercibir, a juicio de los técnicos, de la irregular presencia de un peatón que iniciaba el cruce de la calle cerrada a todo tipo de tráfico. Asimismo apunta el Alto Tribunal que ´´en este particular la doctrina jurisprudencial exige que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal del servicio público «en una relación directa, inmediata y exclusiva de causa a efecto» -repetición casi mimética desde las Sentencias de 15 de febrero de 1968, 14 de octubre de 1969, 22 de julio de 1988, 10 de febrero de 1989, etc.-, la nota de «exclusividad» no obstante debe ser entendida en sentido relativo, no absoluto, pues si esta nota puede y debe exigirse con rigor en supuestos dañosos acaecidos por funcionamiento normal, en los anormales el hecho de la intervención de un tercero o una concurrencia de concausas imputables unas a la Administración y otras a personas ajenas e incluso al propio perjudicado, imponen criterios de compensación o de atemperar la indemnización a las características concretas del caso examinado -Sentencias de 8 de enero de 1967, 27 de mayo de 1984, 11 de abril de 1986, 10 de febrero de 1989, etc.-´´. Concluye la sentencia señalando que ´´la causa eficiente del accidente es imputable a la propia víctima, lo que exonera a la Corporación de responder del daño (causado o imputado a quien reclama o su causante con lo que técnicamente cabe hablar de daño justificado) o reclamación exigida, aún en el caso de que la prueba deportiva se incluyese entre las patrocinadas -no era el caso- por el Ayuntamiento, con motivo del programa oficial de festejos de la localidad´´. Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 24 noviembre 1987 En esta ocasión nos encontramos ante un supuesto de lesiones producidas a una espectadora durante un desfile que se llevó a cabo en Barcelona con motivo de la festividad de la Mercè , y ello por falta de las debidas medidas de seguridad. La actora alegó en lo sustancial que las quemaduras por ella padecidas se le produjeron cuando asistía como espectadora al correfocs, al caer una de las chispas que salían de las fauces de uno de los dragones que integraban el desfile en una caja abierta de petardos que portaba y que le había sido entregada momentos antes por una de las personas que participaban en la organización del acto, y desencadenarse como consecuencia de ello una deflagración, que ocasionó el incendio de sus ropas; tales hechos quedaron acreditados en virtud de las pruebas documental y testifical que se practicaron, con una excepción, pues no aparecía concluyentemente de lo actuado que la perjudicada tuviera en sus manos recipiente alguno ni quién se lo había entregado, a cuyo respecto sólo contaba el Tribunal ´´a quo´´ (cuyas tesis confirma a posteriori el TS) con su propio relato y precisamente por ello no cabía aceptarlo sólo en cuanto aparezca como perjudicial para su interés y no en la que la beneficie, como pretende hacer la Administración; en consecuencia, admitió que la mencionada caja fue entregada a la demandante por una persona integrada en la organización del correfocs, que ostentaba, por tanto, la condición de funcionario público en sentido lato, en cuanto ejercía realmente funciones públicas, aun cuando fuera con carácter ocasional, con lo que no se produciría por su intervención, incluso si fuera culposa, la ruptura del nexo causal. Asimismo afirma el Tribunal ´´a quo´´ (como decimos tesis confirmada por el TS) que ´´no se produciría la ruptura del nexo de causalidad, ya que no cabe considerar como negligente la conducta de quien acude a un correfocs, festejo popular en el que el fuego juega papel esencial, portando petardos y objetos de pirotecnia a fin de aumentar mediante su lanzamiento el jolgorio y la bulla de los asistentes, que es de lo que en definitiva se trata en tales actos lúdicos, sí en cambio ha de ser tenido como culposa la conducta de la Administración, que no previno los medios necesarios para evitar lo acaecido, que evidentemente no puede ser achacado a un suceso imprevisible y externo al propio marco del servicio público, cuyo funcionamiento ha de ser reputado como anormal y que ello no es conclusión arbitraria de la Sala lo demuestra la declaración de uno de los testigos que depusieron en fase de prueba, doblemente cualificado en sus condiciones de letrado e integrante de una de las comparsas que desfilaban en el correfocs, el cual manifestó que la procesión se llevó a cabo a través de calles estrechas y atestadas de público y con total ausencia de agentes de la Autoridad; es claro, por tanto, que, si la Administración creó con su actuar una situación de riesgo y no puso los medios precisos para evitar menoscabos en el patrimonio de las personas, una al menos de las cuales sufrió lesión en su integridad física como consecuencia directa de tal omisión, ha de ser declarada la responsabilidad patrimonial de aquélla´´. A mayor abundamiento el TS precisa que no se ha roto el nexo causal en este caso, porque ´´el Ayuntamiento -recogiendo lo que parece ser una tradición hondamente arraigada- incluye en su programa de festejos el desfile de dragones o corredores de fuegos, desfile que por los elementos pirotécnicos empleados incluye un porcentaje de riesgo que la Administración asume por razones de interés social, pero que, en ningún caso, le exime de asumir también una eventual responsabilidad por los daños que puedan derivarse de esa actividad popular que no sólo fomenta sino que patrocina. Además esa asunción da al Ayuntamiento un protagonismo del que se deriva una identificación del pueblo con aquél, y ese pueblo vive los festejos como algo propio pero como algo que está dirigido y, por tanto, planificado y organizado por el poder público. Así, sigue diciendo el TS, ´´es muy probable que resultasen, no ya sólo ineficaces, sino también contraproducentes la adopción de medidas prohibitivas tendentes a evitar que personas ajenas al desfile porten elementos pirotécnicos, pero la realidad es que tales medidas no se han tomado en ningún caso; sin que, desde luego, conste -pues el fundamento 4.º de la sentencia apelada es «a mayor abundamiento» o, como dice, «a fin de agotar el tema»- que la perjudicada, simple espectadora viniera al desfile provista de aquellos elementos. Por todo lo cual, la confirmación de la sentencia apelada se impone´´. Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 18 diciembre 1986 Sin ánimo de más exhaustividad, en la presente sentencia el TS considera procedente la indemnización por lesiones producidas a espectadores en una corrida de vaquillas, en la localidad vizcaína de Portugalete, por ser el vallado inadecuado. d) Medidas de seguridad en instalaciones Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª) de 9 junio 1998 La Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Audiencia Nacional el 12 noviembre 1993, objeto de recurso en la Sentencia que estamos analizando, da lugar parcialmente al reconocimiento de la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado como consecuencia de los perjuicios por pérdida de cosechas originada por la imposibilidad de regar que produjo la actuación deficiente de las fuerzas de seguridad del Estado, las cuales no evitaron la destrucción de la línea eléctrica que permitía el funcionamiento de los pozos ni protegieron su posterior reconstrucción. Sobre el particular el TS manifiesta que en los casos de actuación de las fuerzas de seguridad, deben tomarse en consideración los principios de proporcionalidad de la intervención, racionalidad de la actuación y justificación de los medios concretamente empleados para llevarla a cabo, sobre los que la jurisprudencia viene llamando constantemente la atención en relación con la actuación de aquéllas, especialmente cuando se producen o son previsibles enfrentamientos con personas, con el consiguiente riesgo para la vida e integridad física, que tienen un valor absoluto y prevalente sobre la necesidad de proteger bienes o valores de inferior rango (vgr., STS de 2 marzo 1995). Estos principios de proporcionalidad, racionalidad y justificación de la intervención policial, que tienen su fundamento en el respeto a los derechos fundamentales de la persona, no impiden que en algún caso de pasividad en la actuación de las fuerzas de seguridad hayamos apreciado la existencia de responsabilidad cuando se ha observado una omisión no explicable en virtud de los expresados principios, por no justificarse por la existencia de riesgo para las personas o para los bienes afectados, sino ser imputable a circunstancias subjetivas inherentes a su actuación (Sentencias de 27 noviembre 1993 y 18 julio 1997). La aplicación de los anteriores principios al caso enjuiciado conduce al Tribunal a entender que, a tenor del relato de hechos efectuado por la sentencia de instancia -y prescindiendo de las valoraciones contenidas en la misma, que entran en el terreno de las apreciaciones jurídicas sometidas a revisión en el recurso de casación- la actuación de las fuerzas de seguridad, en su conjunto, no puede considerarse como anormal y, en consecuencia, la falta de este requisito comporta que no pueda apreciarse nexo de causalidad entre la supuesta conducta omisiva o pasiva y el resultado dañoso producido. Y concretamente argumenta el Tribunal del siguiente modo. ´´el retraso que se observa entre las primeras algaradas que originan la caída del tendido eléctrico (agosto de 1987) y la intervención efectiva de las fuerzas de seguridad (marzo de 1988) debe ser ponderado a la vista del carácter violento de la situación creada, de la existencia de una situación objetiva de sequía objetivamente grave y de trascendencia social innegable y de la indudable existencia de riesgo para las personas que la intervención de dichas fuerzas había de generar, pues se narra en la sentencia que los trabajadores encargados de la reparación de la línea fueron puestos en fuga en más de una ocasión por numerosas personas que hay que suponer irritadas por la situación de sequía existente en el Campo de Montiel y por el abuso que para ellas debía de significar la extracción para riego de un recurso natural indispensable para atender a otras necesidades más elementales. No parece que en esta situación pueda imputarse a anormal funcionamiento del servicio el haber procedido con prudencia en las intervenciones adecuadas al restablecimiento de la seguridad. No debe, por otra parte, considerarse injustificado que el gobernador civil retrasara la intervención solicitada en espera de que el Juzgado se pronunciase sobre su autorización para llevarla a cabo, pues los primeros hechos de derribo del tendido eléctrico podían revestir inicialmente una apariencia delictiva que aconsejaba efectivamente el subordinar cualquier intervención en materia de orden público a las decisiones de la autoridad judicial que presumiblemente entendía de los hechos. Finalmente, acordada y llevada a cabo la intervención de manera efectiva, según describe la sentencia, la pronta orden de retirada fue motivada por un acto del alcalde impidiendo la continuación de las obras de restablecimiento del tendido por falta de la oportuna autorización, el cual, cualesquiera que sean los propósitos que se atribuyan a su decisión, debía ser respetado por el gobierno civil en tanto no se produjera su anulación por los medios jurídicamente adecuados. Tampoco, ciertamente, permite entender inadecuada la retirada de las fuerzas de seguridad la inminencia de los decretos que finalmente declararon la sobreexplotación del acuífero, pues éstos no vinieron sino a confirmar la gravedad de la situación existente y son expresión del ejercicio de las facultades en materia de política de aguas que corresponden al Gobierno, de tal suerte que los mismos contribuyen a poner de manifiesto la no inconveniencia de una actuación de las fuerzas de seguridad inspirada en la prudencia para el restablecimiento de una situación que iba a ser dejada sin efecto por decisión del Gobierno poco tiempo después´´. e) Dependencias policiales y Centros penitenciarios Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª) de 18 mayo 2002 La presente Sentencia aborda el suicidio de un detenido en dependencias policiales. El TS nos recuerda en su fundamentación que es doctrina jurisprudencial consolidada la que declara que la imprescindible relación de causalidad entre la actuación de la Administración y el resultado dañoso producido puede aparecer bajo formas mediatas, indirectas o concurrentes, que, de existir, moderan proporcionalmente la reparación a cargo de la Administración (y cita, entre otras, la STS 21 de julio de 2001), pero con esa invocación, precisa el Tribunal, ´´se suscita también la duda acerca de la causa del suicidio del detenido, y concretamente si se debió única o primordialmente al comportamiento de los funcionarios policiales que, según se declara en la sentencia recurrida, no apuraron al máximo las medidas de vigilancia y cuidado teniendo en cuenta la situación personal del detenido, diagnosticado clínicamente de padecer notables signos de ansiedad´´. Aunque la Sala de instancia (´´en contra de lo que hubiera sido deseable para llegar a una certera conclusión jurídica sobre el nexo causal´´, dice el TS) , no relata en qué consistió el que «no apuraran al máximo la vigilancia y cuidado del detenido», deduce el TS de lo que aparece en autos que fue por no haberle requisado el cordón de su pantalón «bermuda», que utilizó para ahorcarse, y, además, por no vigilarlo más estrecha y asiduamente, con lo que podría haberse evitado que arrancase el cordón del pantalón a cuya tela estaba cosido, pues, en cuanto a su atención médica, dados los signos que mostraba, fue correcta y adecuada al haber sido conducido a un centro sanitario. Se plantea el Tribunal, revisando la sentencia recurrida al hilo del motivo de casación alegado, la relevancia de un factor que cooperó al fatal desenlace, cual fue la decidida voluntad del detenido de quitarse la vida, ya que parece ser no existía dato alguno que permitiera considerar que se encontraba plenamente enajenado o que hubiese sufrido un trastorno mental transitorio, sino que, antes bien, la ansiedad que denotaba su comportamiento, clínicamente constatada, obedecía a la de quien padece una alteración psíquica que no le privaba de la voluntad para decidir, dado que la conducta observada, para conseguir el instrumento con el que llevar a cabo su propósito, en palabras de la Sala, ´´evidencia un tesón y razonamiento que no se compadece con una privación, aun momentánea, de juicio, por lo que esa conducta debe ser jurídicamente relevante para interferir en el fatal desenlace, aunque, «el no haberse apurado al máximo las medidas de vigilancia y control», como declara probado el Tribunal «a quo», permite apreciar en el servicio público una cierta participación en el resultado, que hubiera podido no ser tan dramático si el control y la vigilancia por los funcionarios de Policía hubiesen sido más esmerados´´. Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª) de 18 julio 2002 En la presente Sentencia, el TS estima procedente la pretensión indemnizatoria de los recurrentes en concepto de responsabilidad patrimonial por el fallecimiento de su hijo, que se suicidó en el Centro Penitenciario donde había sido ingresado por orden judicial. En lo que a nosotros nos interesa, el TS, en el FJ3º de la sentencia, realiza una excelente síntesis de la doctrina aplicable a estos casos y dice así: ´´en el supuesto de fallecimiento de internos en establecimientos penitenciarios, especialmente si ha tenido lugar la intervención de una tercera persona como agente activo, la jurisprudencia es constante en exigir la presencia de algún elemento de anormalidad en el servicio penitenciario suficiente para establecer un nexo de causalidad entre la omisión administrativa y el fallecimiento, y determinar con ello el carácter antijurídico del daño producido a pesar de haber intervenido terceras personas en su producción (sentencias de 13 de junio de 1995, 25 de enero de 1997, 18 de noviembre de 1996, 4 de enero de 1991, 5 de noviembre de 1997, 26 de abril de 1997, 13 de marzo de 1989 [RJ 1989, 1986] y 22 de julio de 1988, entre otras)´´. Sin embargo, sigue el Tribunal, ´´no es obstáculo a la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración en los casos de fallecimientos de internos en establecimientos penitenciarios por obra de otra persona -o, en el caso que examinamos, por su propia voluntad suicida- el carácter directo, inmediato y exclusivo con que la jurisprudencia viene caracterizando el nexo causal entre la actividad administrativa y el daño o lesión, pues, como afirma la sentencia de 25 de enero de 1997, entre otras, la imprescindible relación de causalidad entre la actuación de la Administración y el resultado dañoso producido puede aparecer bajo formas mediatas, indirectas y concurrentes (aunque admitiendo la posibilidad de una moderación de la responsabilidad en el caso de que intervengan otras causas, la cual debe tenerse en cuenta en el momento de fijarse la indemnización)´´. Observa el Tribunal que ha habido anormalidad en el servicio por el hecho de que el fallecido no fue examinado a su ingreso por el médico del establecimiento. Asimismo, se citan los artículos 138 y 140 del Reglamento Penitenciario de 1981, aplicable por razón de fechas, donde se establece que la asistencia médica tiene por finalidad «la prevención de accidentes» y que «los internos ingresados serán examinados por el médico con el fin de conocer su estado físico y mental ... adoptando en su caso las medidas necesarias ... y observar las peculiaridades ... y mentales de cada interno a efectos de clasificación´´. Por otra parte, apunta el TS que el carácter objetivo de la responsabilidad de la Administración determina que la anormalidad en el servicio no debe necesariamente estar conectada a la existencia de una infracción subjetiva de los deberes de los funcionarios, sino que basta con demostrar, como aprecia la sentencia de instancia, que objetivamente existió una deficiencia, aun cuando fuera aislada, determinante de la omisión de cuidados que pudieron evitar el fallecimiento. Nos recuerda la Sentencia que es doctrina constante (y que ya hemos citado más arriba) la que declara (v.gr. sentencias de 6 de octubre de 1998 y 13 de octubre de 1998) que, aun cuando la jurisprudencia ha venido refiriéndose de modo general a un carácter directo, inmediato y exclusivo para particularizar el nexo causal entre la actividad administrativa y el daño o lesión que debe concurrir para que pueda apreciarse responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, no queda excluido que la expresada relación causal -especialmente en los supuestos de responsabilidad por funcionamiento anormal de los servicios públicos- pueda aparecer bajo formas mediatas, indirectas y concurrentes, circunstancia que puede dar lugar o no a una moderación de la responsabilidad (sentencias de 8 de enero de 1967, 27 de mayo de 1984, 11 de abril de 1986, 22 de julio de 1988, 25 de enero de 1997 y 26 de abril de 1997, entre otras) y que entre las diversas concepciones con arreglo a las cuales la causalidad puede concebirse, se imponen, en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración, aquellas que explican el daño por la concurrencia objetiva de factores cuya inexistencia, en hipótesis, hubiera evitado aquél (sentencia de 25 de enero de 1997), por lo que no son admisibles, en consecuencia, concepciones restrictivas que irían en contra del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas (sentencia de 5 de junio de 1997). No obstante, apunta el Tribunal ´´hemos declarado también que el concepto de relación causal se resiste a ser definido apriorísticamente con carácter general, y se reduce a fijar qué hecho o condición puede ser considerado como relevante por sí mismo para producir el resultado final como presupuesto o «conditio sine qua non», esto es, como acto o hecho sin el cual es inconcebible que otro hecho o evento se considere consecuencia o efecto del precedente, aunque es necesario además que resulte normalmente idóneo para determinar el concreto evento o resultado teniendo en consideración todas las circunstancias del caso (sentencia de 5 de diciembre de 1995)´´ En aplicación de la anterior doctrina a los hechos que la Sala de instancia, y en el ejercicio de su facultad exclusiva de valoración del material fáctico aportado, considera probados, deduce el TS de ellos que el examen médico del fallecido a su ingreso en prisión hubiera determinado la adopción de cuidados especiales que hubieran podido evitar su suicidio, de tal suerte que la culpa «in vigilando» dimanante de la omisión del reconocimiento médico del interno a su llegada al Centro Penitenciario aparece como causa idónea y relevante de los consiguientes perjuicios, siquiera lo sea de modo concurrente con la conducta propia del interno y su voluntad suicida. En sentido análogo se manifiesta el TS en su Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª) de 28 marzo 2000, al considerar que el fallecimiento de un recluso por suicidio se debió al funcionamiento anormal del servicio por culpa «in vigilando». En cualquier caso también observó una concurrencia de concausas. Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª) de 4 junio 2002 En el presente supuesto aborda el TS la muerte de una persona a manos de quien se hallaba en situación de libertad condicional y la ausencia de obligación de soportar individualmente las medidas objetivamente establecidas para la reinserción social de los autores de delitos. ´´En el caso que examinamos (manifiesta el Tribunal), aun cuando el daño causado no dimanó directamente de la propia actividad de la Administración o de sus propios servicios, pues, según se desprende del relato de los hechos probados de la sentencia impugnada, fue correcta y diligente su actuación, tanto en la concesión de la libertad condicional del penado, como en su posterior vigilancia y tutela durante todo el tiempo que aquél permaneció en la referida situación, incluso cuando el liberado atentó contra la vida del joven Rafael R. P. cuya muerte es la causa u origen sobre el que jurídicamente se fundamenta la responsabilidad patrimonial de la Administración. [...] Ahora bien, en un supuesto similar al que ahora enjuiciamos, declaramos, en sentencia de siete de octubre de mil novecientos noventa y siete, que la obligación de soportar individualmente el daño sufrido no puede imputarse a los perjudicados cuando éstos no tienen el deber jurídico de soportar los riesgos que objetivamente debe asumir la sociedad en la concesión de los beneficios penitenciarios de esta naturaleza, que por perseguir la reinserción social del penado deben ser soportados por toda la sociedad porque así lo impone la función de resocialización propia de la pena que establece la propia Constitución y los compromisos internacionales asumidos por España´´. Por ello, con arreglo a la conciencia social, no considera adecuado el TS que tales perjuicios sean soportados de manera individual por aquellos en quienes se concretan los resultados dañosos de los inevitables fracasos penitenciarios, sino que deben ser compartidos en virtud del principio de solidaridad por el conjunto de la sociedad que sufraga el gasto público, ya que la lesión causada al particular se asimilaría a una obligación pública -«l´égalité devant les charges publiques», según la doctrina francesa- que, como tal, no puede gravar sobre un solo ciudadano y, por tanto, debe repartirse entre todos, a través de la correspondiente indemnización de la víctima, cuya carga definitiva, por la mecánica del impuesto, incumbe a los contribuyentes. En el mismo sentencia se pronuncia la Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª) de 25 mayo 2000. Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª) de 21 julio 2001 En esta ocasión considera el TS existente el nexo causal, aunque sea con concurrencia de responsabilidad, entre la muerte de recluso en centro penitenciario, a manos de otro recluso y el funcionamiento anormal del servicio público penitenciario de vigilancia. Es importante recordar, como hace el propio Tribunal en la Sentencia y como ya hemos señalado más arriba, que la doctrina acerca del carácter directo, inmediato y exclusivo del nexo causal (pretendido por el Abogado del Estado en el presente caso) fue abandonado hace tiempo por esta Jurisdicción y, como demostración de ello, se pueden citar, además de las Sentencias referidas por la Sala de instancia en el fundamento jurídico tercero, las de 25 de enero, 26 de abril y 16 de diciembre de 1997, 28 de febrero y 24 de octubre de 1998, 13 de marzo de 1999, 26 de febrero y 15 de abril de 2000, en las que hemos declarado que la imprescindible relación de causalidad entre la actuación de la Administración y el resultado dañoso producido puede aparecer bajo formas mediatas, indirectas o concurrentes, que, de existir, moderan proporcionalmente la reparación a cargo de la Administración, proceder que, en este caso, ha observado la Sala de instancia al tener en cuenta la conducta del homicida para moderar la indemnización a pagar a la perjudicada por la Administración demandada. Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª) de 27 noviembre 1993 Es objeto de la Sentencia que ahora nos ocupa el recurso de casación interpuesto contra sentencia dictada en 23 de diciembre de 1992 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, desestimatoria del recurso contencioso administrativo deducido por los actores contra resolución denegatoria del Ayuntamiento de Aranda de Duero de la indemnización pedida por el anormal funcionamiento del servicio público por una falta de vigilancia o por ausencia de los medios adecuados para apagar el incendio provocado por los propios detenidos en la mañana del 13 de septiembre de 1987 en los calabozos del mencionado Ayuntamiento, lo que determinó directamente la muerte de unos de los detenidos y posteriormente el 19 de octubre del mismo año de del segundo de ellos, hijos de los recurrentes, que solicitan una indemnización por cada uno de los fallecidos. El T.S. declara haber lugar al recurso de casación y en su consecuencia estima parcialmente el recurso deducido en su día por los indicados actores, declarando que el acuerdo impugnado del Ayuntamiento de Aranda de Duero, denegando la indemnización solicitada no es ajustada a derecho, por lo que se estima en parte la pretensión contenida en la súplica de la demanda y condena al citado Ayuntamiento a que pague cierta cantidad, aunque menor a la pretendida, en concepto de indemnización por RPA. El Alto Tribunal argumenta que, pese a que en el presente caso no ofrece duda alguna la inexistencia de nexo causal entre la actuación de la Administración y el incendio producido, ´´sin embargo es evidente que hubo relación de causalidad entre la ineficacia de las instalaciones contra incendios del Depósito Municipal de Detenidos, que (como se expresa en la propia sentencia de instancia) «eran objetivamente insuficientes y fallaron», y el dramático desenlace, y, en consecuencia, al haberse causado un daño (inicialmente de la exclusiva responsabilidad de las víctimas) cuyo fatal resultado fue determinado también por el mal funcionamiento del sistema de extinción de incendios en los calabozos, concurre el requisito del nexo causal entre el daño, cuya reparación se pretende (la pérdida de los hijos fallecidos), y el funcionamiento del servicio público, exigido por la Jurisprudencia de este Tribunal para que nazca la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública conforme a los preceptos antes citados, si bien, según doctrina consolidada, la concurrencia de causas diferentes, unas imputables a la Administración y otras a conductas ajenas (en este caso a las propias víctimas del incendio), debe valorarse para moderar y atemperar equitativamente la responsabilidad administrativa [Sentencias de la antigua Sala Cuarta de fechas 28-11-1988 y 10-2-1989, y de la Sección Primera de la actual Sala Tercera de fecha 14-9-1989, y de la Sección Sexta de la misma Sala de fecha 29-5-1991]´´. f) Atentados terroristas Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª) de 27 marzo 1998 Conoce esta Sentencia del recurso de casación la impugnación por el señor Abogado del Estado de la Sentencia dictada, por la Sección Primera de la Sala de esta Jurisdicción de la Audiencia Nacional, con fecha 4 noviembre 1993, que estimó el recurso contencioso-administrativo deducido por doña María del Carmen de F. C. contra la Resolución de 19 octubre 1992, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Presidencia del Gobierno, denegatoria de la solicitud formulada por la actora de ser indemnizada por responsabilidad patrimonial del Estado, por los daños físicos y morales producidos por acto terrorista. La sentencia impugnada estima el recurso por considerar cumplidos los requisitos que la jurisprudencia de este Tribunal Supremo y la doctrina científica exigen como presupuesto para la viabilidad de la acción de responsabilidad patrimonial ejercitada, así como, igualmente se entiende por la misma, la compatibilidad de dicho régimen indemnizatorio con otras prestaciones legalmente establecidas para reparar el perjuicio padecido. Por el Sr. Abogado del Estado al disentir de tal pronunciamiento se articula un único motivo de casación -al amparo del artículo 95.1.4 de la Ley de esta Jurisdicción - por entender que la sentencia recurrida infringe el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia, que cita, en su interpretación y aplicación, al declarar la concurrencia de los requisitos exigidos por el artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, en el caso de autos, poniendo singular énfasis en la inexistencia de nexo causal entre el actuar administrativo y los daños ocasionados a la actora por el atentado terrorista, a la par que la indemnidad del perjuicio debe ser apreciada en su conjunto no siendo posible en derecho realizar una total abstracción de las cantidades percibidas por el perjudicado, y, por otras vías, al tiempo de entrar a considerar el derecho indemnizatorio que al mismo asista y ello sin perjuicio del carácter compatible o no de aquellas percepciones. Declara probado el tribunal, al hilo de la sentencia recurrida, que ´´en la fecha en que ocurrió el incidente, la sede de la Comisaría General de la Exposición Universal 1992, sita en el número 41 de la Avenida de Las Palmeras de Sevilla, no disponía de equipos técnicos de seguridad para el análisis y detección de objetos explosivos, fuese por el sistema de Rayos X o equivalente, siendo a raíz de los hechos luctuosos cuando se acometió el objetivo de dotar de los debidos sistemas de seguridad para el control de la correspondencia, dado que el único control que anteriormente se realizaba respecto de la correspondencia dirigida a la Oficina del Comisario, era el dispensado por la Oficina de Correos a la correspondencia dirigida a ciertos Centros Oficiales, entre otros la citada Oficina -vid. apartado c) del Fundamento de Derecho Primero de la sentencia recurrida-, siendo a esta omisión a la que se anuda por la Sala de instancia la responsabilidad patrimonial reconocida, como puede verse en el Fundamento de Derecho Cuarto de la sentencia impugnada, en la que se razona que la jurisprudencia de este Tribunal Supremo ha declarado que el funcionamiento anormal de los servicios públicos puede partir, no solamente de actos positivos que en su ejecución generan la existencia de un daño a terceros, sino también y a la inversa, por el incumplimiento de una obligación de hacer o la omisión de un deber de vigilancia, por mucho que los mismos no sean dolosos y siempre que pueda decirse que la Administración tenía el concreto deber de obrar o comportarse de un modo determinado, siendo esta última alternativa la que concurre en el caso de autos pues todo consistió -se dice- «...en la patente negligencia del Estado para implantar las medidas de seguridad idóneas», llegándose a afirmar que el paquete bomba no habría surtido sus nocivos efectos de haberse adquirido y empleado los equipos de rastreo y detección de explosivos, por cuya razón no es posible hablar de intervención de terceros en el mal funcionamiento de los servicios públicos ya que la evitación del daño era cometido de las autoridades vinculadas a la «Exposición Universal 1992» y pudo haberse logrado de adoptarse las medidas requeridas, siendo además previsible el evento, cual se razona, pues tanto los «Juegos Olímpicos de Barcelona 1992» como la «Exposición Universal de Sevilla 1992» representaban sendos objetivos para las organizaciones terroristas´´. Finalmente la Sentencia, recogiendo lo ya dicho en la STS de 12 marzo 1991, claramente se afirma la compatibilidad de la pensión extraordinaria de invalidez con la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, al considerar que se trata de dos títulos indemnizatorios distintos. Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª) de 18 julio 1997 En esta ocasión el TS conoce del recurso de casación que impugna la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de fecha 5 junio 1995 (parcialmente estimatoria), promovido contra denegación por silencio, ampliada a la Resolución del Ministerio del Interior de 24 julio 1991, que había denegado al actor la indemnización solicitada, por el concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración, en razón de los efectos del atentado terrorista que tuvo lugar en el establecimiento «Hipercor» de Barcelona el día 19 de junio de 1987. Atendiendo a los antecedentes fácticos, que no reproducimos por ser notorios, el Alto Tribunal llega a la conclusión de que se produjo una cierta pasividad o por mejor decir conducta omisiva de las Fuerzas de Seguridad -a buen seguro determinada por la subjetiva impresión de que se trataría de una simple alarma, como tantas otras veces, pues nunca se había atentado con anterioridad, en actuación indiscriminado contra establecimientos mercantiles-, en cuanto la Policía no consideró conveniente o factible la evacuación del edificio ni se impidió la entrada de vehículos al aparcamiento ni en fin acudió el Servicio de detección de explosivos, a pesar de que según los Bomberos eran suficiente para el desalojo del recinto diez minutos, lo cual puede interpretarse, al modo que lo hace la Sala de instancia, que no se adoptaron las debidas precauciones, máxime cuando la explosión se demoró desde las 15.40, límite superior señalado por los terroristas y en cuyo momento se reintegró al servicio normal una de las dos dotaciones policiales, hasta las 16.08. Y sigue el Tribunal así: ´´las afirmaciones que dejamos consignadas en el fundamento anterior son demostrativas ciertamente de la inexistencia del nexo causal directo entre la actividad administrativa y los daños y perjuicios producidos, pues éstos fueron, como apunta el Consejo de Estado «obra directa de los terroristas», pero tal circunstancia no empece para que haya de reconocerse, al modo que señalábamos en la Sentencia de esta Sala y Sección de 27 noviembre 1993 (RJ 1993\8945), que hubo una «cierta relación de causalidad entre la constatada conducta omisiva, por no adaptarse las debidas precauciones (que pudieron, en su caso, aminorar los efectos nocivos), y el dramático desenlace» que justifica la imputación de los daños producidos a la Administración, en razón de la «concurrencia de ese nexo causal entre el daño cuya reparación se pretende y el funcionamiento defectuoso del servicio público», dimanante de la omisión de aquellas actuaciones que antes relatábamos, y como, de otra parte, en modo alguno resulta aplicable la jurisprudencia invocada por el recurrente, a cuyo tenor la Administración queda exonerada de responsabilidad patrimonial en los supuestos de acontecimientos imprevisibles e inevitables, en razón de no concurrir en el supuesto enjuiciado fuerza mayor, que la indemnización pretendida en el proceso resulta distinta y compatible con la derivada de la especial legislación reguladora de los resarcimientos por daños a víctimas de bandas armadas y elementos terroristas, como muestra de solidaridad con aquéllas, según ya declaró esta Sala en la Sentencia de 27 diciembre 1988, que la determinación del «quantum» indemnizatorio, según afirma el recurrente no constituye normalmente materia casacional y, en fin, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen como misión propia y específica garantizar la seguridad ciudadana, según determina el artículo 104.1 de nuestra Constitución, es por todo ello, por lo que no puede estimarse procedente el motivo aducido para basamentar la casación, habida cuenta que la sentencia impugnada no incide en las infracciones acusadas por la parte recurrente´´. En el mismo sentido se manifiestan la STS de 31 de enero de 1996. Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª) de 17 febrero 1996 Declara en su fallo la Sala 3ª la improcedencia de una indemnización, solicitada a la luz del RD Ley 3/1979 sobre Protección de Seguridad Ciudadana, por la muerte del esposo de la recurrente en un incendio producido en el hotel donde se encontraba, al determinarse en la sentencia recurrida que tal siniestro no se produjo como consecuencia de la actuación de persona o personas integradas en grupos o bandas organizadas y armadas. Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 3 junio 1985 Tampoco considera procedente en este caso el TS la petición formulada por «Ediciones A., S. A.» para que el Estado le indemnice los daños y perjuicios de naturaleza patrimonial sufrido por dicha firma social a consecuencia de la explotación de un artefacto el día 20 de septiembre de 1977 en el edificio propiedad de la misma, sito en la calle Tallers, n.º 77, de Barcelona, en que se editaba la revista «El Papus». Ya razona el Alto Tribunal del siguiente modo. ´´la obligación asumida por el Estado de indemnizar, especialmente, los daños y perjuicios que se causen a las personas con ocasión de los delitos cometidos por persona o personas con ocasión de los delitos cometidos por persona o personas integradas en grupos o bandas organizados y armados y sus conexos tiene por finalidad aminorar, en lo que cabe, como ha puesto de relieve la sentencia de esta Sala de 18 de diciembre de 1984, las graves perturbaciones sociales que los hechos de esta naturaleza ocasionan en la vida ciudadana; pero no en todos los casos de daños y perjuicios por actos delictivos cometidos por las personas integradas en estos grupos, sino sólo de aquellos que se consideran más graves por afectar directamente a la vida o a la integridad corporal de las víctimas y que como tales producen mayor alarma y quiebra de la tranquilidad pública; quiérese decir, por tanto, que el Estado, consciente de esta realidad social, y ante la imposibilidad económica de asumir todos los daños y perjuicios derivados de la actuación criminal de los grupos terroristas ha decidido hacer suyas, mediante una disposición legal con rango suficiente para vincular a la Hacienda Pública, las indemnizaciones por daños y perjuicios causados a las personas físicas -la referencia a las personas sería en otro caso innecesaria- tanto en los casos de muerte como de lesiones, declarándolos especialmente indemnizables, es decir, sólo en estos casos particulares; se trata, por tanto, de extender a toda la comunidad nacional, por razones de solidaridad social, la indemnización debida a las víctimas de los actos terroristas por los daños y perjuicios corporales sufridos como consecuencia de los delitos cometidos por quienes integrados en grupos o bandas organizados y armados serían civilmente los únicos responsables con arreglo al art. 19 del Código Penal; y al propio tiempo el art. 7.º del Real Decreto-Ley 3/1979 ha delegado en el Gobierno la potestad de determinar «el alcance y condiciones de dicha indemnización» pero no le ha autorizado obviamente para ampliar o reducir el ámbito objetivo de la misma por la sencilla razón de que una decisión en esta materia en virtud de una disposición reglamentaria se produciría «ultra vires» y sería, por tanto, ineficaz [...] La indemnización postulada por la actora, como consecuencia de los daños y perjuicios sufridos en el inmueble de su propiedad, escapa al deber asumido por el Estado en los preceptos legales que antes han quedado transcritos´´. En cualquier caso, concluye que el atentado se produjo fuera del marco de la actuación administrativa, por lo que no existe título para imputar a los servicios policiales la producción del mismo por «culpa in vigilando»; para acabar precisando que no puede confundirse la responsabilidad patrimonial del Estado que es consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos con la indemnización de los daños y perjuicios sufridos por una persona por la realización de una conducta delictiva, aunque se trate de un acto terrorista, pues en este caso la indemnización debida recae sobre la persona criminalmente responsable y no sobre toda la comunidad, salvo que el Estado por razones de solidaridad con las víctimas decida, mediante una disposición con rango suficiente, asumir en todo o en parte la expresada indemnización. Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 18 diciembre 1984 De nuevo se declara improcedente en esta sentencia la pretensión indemnizatoria del recurrente, por las lesiones materiales, que no de las personales, sufridas como consecuencia de actividades terroristas. Hace hincapié el TS en que el Estado asume las consecuencias de las actividades delictivas de grupos terroristas para aminorar, en lo que cabe, las graves perturbaciones sociales que hechos de tal naturaleza ocasionan en la convivencia ciudadana pero no en todos los casos de daños o perjuicios por actos delictivos de esos grupos, sino tan sólo de los que se considera más graves por afectar directamente a las personas, y ser éstos los que producen alarma y quiebran la tranquilidad pública. En este sentido la normativa vigente en el momento de los hechos (RD 3/1979) delimita claramente el ámbito de aplicación al decir que los daños indemnizables serán los que se causaren a las personas, y en este sentido tanto el Consejo de Estado al informar como la Administración al resolver no han dudado en entender que los supuestos contemplados se refieren a la persona como sujeto pasivo y los daños, por tanto, son o deben ser consecuencia de la agresión sufrida (muerte o lesiones). Bibliografía José Bermejo Vera, y otros, Derecho administrativo ´´Parte Especial. Responsabilidad de los poderes públicos´´, Civitas . Madrid 2001. Págs. 1272-1273. Ricard Brotat i Jubert , Un concepto de seguridad ciudadana. Barcelona. Mayo 2002 Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo. II. Civitas. Madrid. 2002. Jordi Carrasco Martín y Oliver Garcia Muñoz, Deberes de vigilancia y prevención de la Administración de conductas ilícitas y prohibición del regreso. Indret. 04/2003

11/11/2009

Manuel Hatero Jimenez. Socio Qi Abogados.
Qi.





<< Volver









Català Home Home